El expresidente Evo Morales salió al frente del acuerdo alcanzado por el Gobierno de Rodrigo Paz con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y lo calificó de “inconstitucional y una traición a la patria”, al considerar que el convenio implica condicionamientos externos sobre la política económica del país.
Morales fundamentó su cuestionamiento en el artículo 320 de la Constitución Política del Estado, que, según sostuvo, establece límites a las imposiciones y condicionamientos extranjeros sobre la política económica boliviana.
“Pero, con el pretexto de levantar la subvención y abrir candados para atraer inversión, pretenden mutilar la Constitución del Estado Plurinacional para someter al pueblo a las recetas del hambre”, afirmó el exmandatario.
El líder cocalero fue más allá y acusó al Gobierno de utilizar el acuerdo con el organismo internacional para avanzar hacia un nuevo proceso de privatización y entregar recursos naturales a empresas transnacionales. Morales no presentó pruebas para sustentar esa acusación.
Uno de los elementos que utilizó para respaldar su denuncia es el anuncio oficial sobre una posible reestructuración y cierre de empresas públicas. El Gobierno ha señalado que algunas empresas estatales que no sean financieramente viables podrían ser cerradas o sometidas a procesos de reestructuración.
“Por eso anuncian desde el gobierno el cierre de hasta 10 empresas del Estado, para iniciar una nueva etapa de privatización y capitalización igual o peor que la de la época neoliberal (1985-2005) que tiene como único objetivo vender Bolivia”, denunció Morales.
¿Qué establece realmente el acuerdo?
El programa negociado con el FMI contempla un financiamiento de aproximadamente $us 1.900 millones, con un plazo de hasta 36 meses, cuatro años y medio de gracia y una tasa de interés estimada entre 3% y 3,5%.
El memorando contempla además un fuerte ajuste fiscal, una reducción del gasto público, el avance hacia un régimen cambiario flexible y la eliminación de la subvención a los combustibles.
Los precios internos de los carburantes deberán avanzar hacia niveles de recuperación de costos desde enero de 2027 y el presupuesto de ese año no deberá contemplar recursos para mantener la subvención.
El documento también plantea una mayor participación privada en sectores como hidrocarburos y minería, mediante la revisión de sus marcos regulatorios y tributarios, además de la reestructuración de empresas estatales que no sean financieramente viables.
El Gobierno, por su parte, sostiene que el acuerdo no constituye una imposición del FMI, sino que forma parte de una política económica destinada a enfrentar la crisis fiscal y recuperar la estabilidad.
El Ejecutivo también argumenta que las medidas económicas ya venían siendo aplicadas antes del acuerdo y que el programa permitirá acceder a financiamiento de otros organismos multilaterales.
De esta manera, mientras el Gobierno presenta el acuerdo como una herramienta para estabilizar la economía y recuperar la capacidad productiva, Evo Morales lo interpreta como el inicio de un giro hacia políticas de mercado y privatización.
La controversia ahora se trasladará a la Asamblea Legislativa, que deberá analizar las condiciones del financiamiento y decidir si autoriza su aprobación.
Ahoradigital
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