El presidente Luis Arce afronta seis frentes de conflicto. Gremiales, cívicos, cocaleros, mineros y campesinos protagonizan protestas por el censo, decretos que no fueron socializados y denuncias de “persecución” a dirigentes de organizaciones sociales.
Próximo a cumplir dos años de mandato, el primer mandatario también debe lidiar con la fractura interna del Movimiento Al Socialismo (MAS), que se acrecienta con discusiones públicas entre el jefe del partido, Evo Morales, e integrantes de su Gabinete de ministros.
La semana abrió con cabildos en La Paz y Cochabamba, donde cívicos, cocaleros de los Yungas y gremiales exigieron que se adelante la encuesta nacional para 2023. En esa misma línea está el comité interinstitucional de Santa Cruz, que no participa en la reunión de la mesa técnica convocada por el Instituto Nacional de Estadística, que se realiza ahora en la capital cruceña.
A ellos se suma la protesta por la abrogación del Decreto Supremo 4783. Inicialmente, los mineros de Colquiri protagonizaron por varios días un bloqueo en la doble vía La Paz – Oruro, logrando luego un compromiso de derogación de algunos artículos de la norma.
Protesta de los mineros:
Sin embargo, hoy, sus pares de Huanuni protagonizaron una masiva marcha en la sede de Gobierno, intentaron llegar a la Casa Grande del pueblo y, tras ser gasificados por la Policía Boliviana, tomaron las oficinas de la Central Obrera Boliviana (COB), desconociendo y calificando como “traidor” a su ejecutivo, Juan Carlos Huarachi.
Ellos exigen, además, participar en la Gestora Pública, que ve el tema de las jubilaciones, y la eliminación del decreto que dispone la transferencia al Tesoro General de la Nación (TGN) de las utilidades generadas por las empresas públicas.
Otro punto de disputa abierto es el de los Ponchos Rojos de la provincia Omasuyus (La Paz), que marcharon a la urbe paceña el pasado miércoles y mantienen latente un pliego de 41 puntos. Mañana se realizará una reunión entre autoridades del Ejecutivo y ese sector.
Respecto a los cocaleros de los Yungas, ellos exigen la liberación inmediata de sus dirigentes y compañeros detenidos, y nuevamente advierten con medidas de presión si no se cierra el mercado paralelo de Arnold Alanez, que ayer reabrió sus puertas en la zona Villa El Carmen.
Otra manifestación que todavía no recibió respuesta corresponde al Comité Cívico Potosinista (Comcipo), que protagonizó una movilización el anterior martes, por el litio, la conservación del Cerro Rico y el censo.
A todo esto, existen también dos ultimátums, uno del cabildo de Santa Cruz, que dio 21 días al Gobierno para abrogar el decreto sobre el censo en 2024, que termina el viernes de la próxima semana, y otro, del cabildo de ayer en La Paz, que dio 14 días antes de protagonizar bloqueos de caminos a nivel nacional.
El Deber
Mira también
Comentarios