Ahoradigital – El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reportó 39 renuncias de mujeres que ejercían funciones político-públicas y 12 denuncias por acoso y violencia política en el ámbito subnacional, entre mayo y la primera semana de septiembre de 2026.
Los datos fueron presentados por la vicepresidenta del TSE, Ximena Camacho Goyzueta, en el marco del Día de la Mujer Boliviana, conmemorado cada 11 de octubre.
Las cifras corresponden al periodo posterior a la posesión de las nuevas autoridades departamentales y municipales, el pasado 4 de mayo, y vuelven a poner en debate las condiciones en las que las mujeres ejercen sus responsabilidades dentro de la política boliviana.
Santa Cruz lidera las renuncias y La Paz concentra las denuncias
El reporte del Órgano Electoral muestra diferencias entre departamentos. Santa Cruz registra la mayor cantidad de renuncias, mientras que La Paz concentra la mitad de las denuncias por acoso y violencia política.
La distribución reportada es la siguiente:
- Santa Cruz: 11 renuncias y tres denuncias.
- Tarija: siete renuncias y una denuncia.
- Cochabamba: cinco renuncias y ninguna denuncia.
- Oruro: cinco renuncias y una denuncia.
- La Paz: tres renuncias y seis denuncias.
- Beni: tres renuncias y ninguna denuncia.
- Pando: tres renuncias y ninguna denuncia.
- Potosí: dos renuncias y una denuncia.
- Chuquisaca: ninguna renuncia ni denuncia.
En total, los tribunales electorales departamentales contabilizaron 39 renuncias y 12 denuncias durante el periodo analizado.
La paridad electoral no garantiza el ejercicio del poder
La vicepresidenta del TSE advirtió que no basta con garantizar que las mujeres accedan a cargos de representación política. También es necesario que puedan ejercer sus funciones con autonomía, igualdad de condiciones y sin presiones ni amenazas.
Bolivia cuenta con la Ley 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, destinada a prevenir y sancionar estas conductas. Sin embargo, su aplicación efectiva continúa siendo un desafío para las instituciones responsables de proteger los derechos políticos.
El acoso y la violencia política pueden manifestarse mediante amenazas, hostigamiento, presiones para abandonar un cargo, restricciones al ejercicio de funciones o acciones destinadas a impedir que una autoridad electa tome decisiones de manera independiente.
¿Por qué renuncian las mujeres?
Uno de los aspectos que requiere especial atención es determinar las circunstancias detrás de las 39 renuncias registradas. Las cifras difundidas por el TSE no permiten concluir que todas hayan sido provocadas por acoso o violencia política.
Cada caso necesita una evaluación particular para establecer si existieron presiones, amenazas, conflictos institucionales u otras razones que expliquen la decisión de dejar el cargo.
El desafío para las autoridades electorales y las organizaciones políticas es garantizar mecanismos efectivos de prevención, protección y denuncia, además de asegurar que las mujeres puedan permanecer en sus funciones sin sufrir intimidaciones.
Los datos dejan una pregunta de fondo para la democracia boliviana: ¿es suficiente garantizar la participación de las mujeres en las elecciones si después no existen condiciones adecuadas para que ejerzan plenamente el poder?
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