El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, rechazó las acusaciones que lo vinculan con una presunta coordinación con el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, para favorecer la elección de un familiar de este último como alcalde de San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz.
Ávila aseguró que nunca conversó con Saucedo sobre candidaturas, organizaciones políticas ni decisiones relacionadas con procesos electorales, y calificó de falsas las declaraciones realizadas por Aldo Quezada, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, quien lo mencionó en su declaración ante la Fiscalía dentro de las investigaciones del denominado caso Maletas.
“Tratar de generar una coordinación es absolutamente falso. Yo quiero desmentir absolutamente a este señor (Quezada), que jamás con el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia se habló siquiera de algún tema relacionado al proceso electoral, jamás”, manifestó Ávila durante una entrevista con ERBOL.
La autoridad electoral reconoció que coincidía con Saucedo en actos institucionales y encuentros entre autoridades, pero negó que esas reuniones hayan servido para tratar asuntos electorales o coordinar decisiones sobre candidaturas.
Las acusaciones apuntan a las elecciones de San Ignacio

La controversia surgió después de que Quezada declarara que Saucedo habría realizado gestiones para conseguir que su tío fuera elegido alcalde de San Ignacio de Velasco, presuntamente mediante la exclusión de dos competidores electorales.
“Rómer movió cielo y tierra para que su tío sea alcalde de San Ignacio de Velasco. Siendo el tercero, tuvo que bajar a dos competidores”, afirmó Quezada, según las declaraciones difundidas por medios de comunicación.
El exmagistrado también sostuvo que Saucedo mantenía una coordinación permanente con el presidente del TSE y que se habría impulsado una acción de amparo constitucional que terminó afectando la participación de la agrupación Alianza Solidaria Popular (ASIP).
Las elecciones municipales de San Ignacio estuvieron marcadas por la polémica debido a la inhabilitación de organizaciones políticas y candidatos, además de la anulación de votos que generó protestas y cuestionamientos de sectores cívicos.
Ávila justifica las inhabilitaciones
El presidente del TSE explicó que la exclusión de la agrupación ASIP respondió a una determinación de una Sala Constitucional, cuyo cumplimiento era obligatorio para las autoridades electorales.
Según su explicación, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz actuó en cumplimiento de esa resolución y posteriormente el TSE ratificó la decisión al resolver la apelación correspondiente.
Ávila sostuvo que las determinaciones electorales fueron asumidas de manera colegiada y no dependieron de una decisión individual. Asimismo, manifestó su disposición a colaborar con cualquier investigación que permita esclarecer las denuncias.
Las declaraciones de Quezada abren un nuevo frente dentro del caso Maletas, que ya salpica a exautoridades judiciales y ahora alcanza al Órgano Electoral, en medio de los cuestionamientos sobre la presunta existencia de una red de influencias entre operadores judiciales y estructuras investigadas por narcotráfico.
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