La organización internacional Human Rights Watch (HRW) en su informe mundial 2022 en su capítulo dedicado a Bolivia sostiene que el sistema judicial sufre los efectos de la interferencia política desde hace años. Que el expresidente Evo Morales socavó la independencia judicial durante su gobierno; que en la etapa de Jeanine Áñez se promovieron procesos infundados, y que la administración de Luis Arce apoya acusaciones desproporcionadas.
El expresidente Evo Morales socavó la independencia judicial durante sus casi 14 años en el poder. La Constitución de 2009 habilitó a los votantes a elegir a los jueces de tribunales superiores a partir de listas creadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los legisladores del partido de Morales —el Movimiento al Socialismo (MAS)— colmaron las listas con sus simpatizantes, dice el documento.
Asimismo, señala que durante este periodo los fiscales presentaron cargos contra varios de sus rivales políticos que, aparentemente, respondían a motivaciones políticas.
Hace mención que alrededor del 80 % de los jueces y fiscales aún son “transitorios”, lo cual aumenta el riesgo de que tomen decisiones para complacer al gobierno de turno y así poder permanecer en el cargo.
En relación al periodo transitorio de gobierno detalla que se presionó a fiscales y jueces para que actuaran de manera favorable a sus intereses, dando lugar a investigaciones penales por sedición, terrorismo o pertenencia a una organización delictiva contra más de 150 personas vinculadas con el gobierno de Morales, que en muchos casos parecían responder a motivaciones políticas, precisa el informe.
Señala que, tras ganar las elecciones presidenciales de octubre de 2020, Luis Arce (MAS) manifestó que el sistema de justicia debería ser independiente de la política. En noviembre de 2020 estableció una comisión de expertos para proponer reformas.
“Sin embargo, en febrero de 2021, el presidente Arce decretó una amnistía que permitía la impunidad por delitos graves y parecía haber sido diseñada para favorecer a sus simpatizantes”, dice HRW. Esa norma fue abrogada después que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) observó la misma.
Rememora que, en marzo de 2021, las autoridades detuvieron a la expresidenta Áñez y a dos de sus exministros por terrorismo y otros cargos, en relación con su supuesta participación en un “golpe de Estado” contra Morales en noviembre de 2019. En agosto, el fiscal general acusó a Áñez de genocidio por dos masacres ocurridas durante su gobierno. “Human Rights Watch revisó los documentos de imputación y la proposición acusatoria y no halló pruebas de que Áñez hubiera cometido actos de terrorismo o genocidio”.
HRW hace mención al informe del GIEI en el que los expertos internacionales documentaron graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el gobierno interino de Áñez, incluyendo dos masacres brutales llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad; así como actos de violencia “instigados” por el gobierno de Evo Morales (enero de 2006-noviembre de 2019). El informe expuso las deficiencias de la Fiscalía General del Estado a la hora de realizar investigaciones adecuadas y garantizar la rendición de cuentas por estos crímenes.
Condiciones de detención
En relación a las condiciones de detención, la organización experta en la defensa de los Derechos Humanos, señala que para reducir la “grave sobrepoblación” en las cárceles durante la pandemia del Covid-19, el gobierno de Áñez dictó un decreto en abril de 2020 por el cual dispuso la liberación de determinadas categorías de reclusos. En febrero de 2021, el gobierno de Arce emitió un decreto similar. Como resultado de estos dos decretos, se había liberado a 1.162 y 787 detenidos, respectivamente, a julio de 2021, según la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, precisa que el impacto en la cantidad total de personas detenidas ha sido muy bajo. Según los datos, en Bolivia, había 18.126 reclusos en establecimientos carcelarios en enero de 2020; 17.863 en febrero de 2021; y 17.908 en agosto de 2021. Los centros de detención albergan dos veces y media más detenidos de lo que permite su capacidad, lo cual prácticamente imposibilita el distanciamiento social.
“El sistema de justicia de Bolivia sigue haciendo un uso excesivo de la prisión preventiva”, dice el informe.
Libertad de expresión y acceso a la información
La organización sostiene que el informe del GIEI documentó decenas de ataques físicos contra periodistas por parte de policías, soldados y manifestantes durante las protestas relacionadas con las elecciones de 2019. El informe concluyó que las autoridades no habían realizado investigaciones adecuadas sobre estos ataques.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que representa a los principales medios impresos del país, informó sobre varios casos de violencia contra periodistas por parte de policías o manifestantes en 2021.
En agosto de 2021, el gobierno acusó a los medios de “mentir” y responder a intereses extranjeros, e identificó a varios periódicos por sus críticas al oficialismo. La ANP rechazó las acusaciones y defendió la libertad de prensa.
Aunque la Constitución reconoce el derecho de acceso a la información, Bolivia no cuenta con una ley para implementar ese derecho. El gobierno informó que estaba trabajando en un proyecto de ley de acceso a la información, pero al 3 de noviembre de 2021 no lo había presentado. Comunidad Ciudadana, el principal partido opositor en el Congreso, presentó su propio proyecto en febrero de ese año, señala el reporte de HRW.
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