De manera sorpresiva en medio del ‘modo’ electoral y las proclamaciones presidenciales que el país vive, el Gobierno activó las investigaciones con la ejecución de una lista de órdenes de aprehensiones que alcanza a políticos, abogados, militares y académicos por la asonada militar que se suscitó el 26 de junio de 2024 en puertas del Palacio Quemado. Los expertos consultados afirmaron que estos actos buscan que el caso ‘26J’ fortalezca la imagen del presidente Luis Arce ante las elecciones generales del 17 de agosto.
Dos noches después que se conoció la ruptura del bloque de unidad el tema del día eran tales repercusiones hacia la oposición, el MAS y el rompimiento del Frente Para la Victoria (FPV) con Evo Morales. Esa noche del jueves 10 de abril en el auditorio del Banco Central de Bolivia, el Ministerio de Gobierno presentó un extenso documental denominado ‘¿Qué pasó el 26J en Bolivia?’, acto que tuvo la presencia del presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y ministros.
El documental relató que un grupo aislado de las Fuerzas Armadas, con apoyo civil, intentó perpetrar un golpe militar que -según el libreto del video- derivaría en la muerte de bolivianos, la detención o asesinato del jefe Estado.
Hasta ahí era el relato que el Gobierno ha ido sosteniendo a casi 10 meses del hecho y con 27 personas procesadas en el que principal investigado es el exgeneral del Ejército, Juan José Zúñiga, que hoy guarda detención preventiva en la cárcel de El Abra, en Cochabamba, desde el 27 de junio del año pasado.
Sin embargo, al cierre del material audiovisual que dura una 1 hora y 24 minutos, se evidencia un diagrama que señala que Zúñiga contaba con un gabinete de ministros conformado por reconocidos personajes de la coyuntura boliviana, esto en base a las investigaciones que recabó durante este tiempo la Fiscalía de La Paz y grupos de inteligencia de la Policía Boliviana.
El viernes 11 de abril, a primera hora de la mañana, grupos tácticos del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) interceptaron el vehículo en el que se transportaba el abogado Jorge Valda junto a su esposa cuando trasladaban a su pequeña hija al colegio.
El jurista fue subido a una camioneta policial rumbo al aeropuerto Viru Viru para ser trasladado en un avión a la sede de Gobierno y que sea puesto ante la justicia porque su nombre figuraba como posible ministro de Justicia o fiscal general del “futuro” gobierno de Zúñiga. A partir de ahí el tablero político cambió y el discurso de los opositores giró a ese entorno, con denuncias de que el mandatario Arce busca generar inestabilidad para prorrogarse en el poder.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, manifestó que la aprehensión de Valda también se produjo porque junto con el activista Fernando Hamdan fueron quienes que supuestamente elaboraron el discurso que leería Zúñiga una vez tome posesión en el golpe militar, documento denominado Fundamentación 1. Según la autoridad, ambos barajaban los posibles ministros que tendría el militar. Hamdan, que permanece en la cárcel de San Pedro desde el año pasado, es señalado por Del Castillo como el coautor de la toma militar.
“Él (Jorge) sabía, tenía conocimiento del documento que iba a dar lectura el señor José Zúñiga. Todo esto está corroborado en informes técnicos judiciales del Iicutp, e informes del IDIF, donde se ha logrado evidenciar chat entre el señor Valda y Hamdan que lo que estaba ocurriendo era un golpe militar y que el gobierno se llamaría gobierno de liberación nacional”, afirmó Del Castillo.
Jorge Valda es procesado por los delitos de encubrimiento, terrorismo, alzamiento armado y atentando de magnicidio en contra del presidente. Las otras personas que presuntamente configuraban el gabinete de Zúñiga estaba el economista Gonzalo Chávez como ministro de Economía y Finanzas Públicas; Jhosua Bellot, de Planificación del Desarrollo; Paúl Coca, Obras Públicas; José Luis Álvarez, Educación; Armin Lluta, Desarrollo Productivo, César Gonzáles, Desarrollo Productivo; Ana María Morales, Justicia; y Jaime Dunn, Banco Central.
Tras esa oleada de acusaciones, el viernes cuatro personas fueron aprehendidas, entre ellas Valda en Santa Cruz; el general en retiro de las FF.AA., Marco Bracamonte, en Cochabamba; Bismarck Imaña, miembro de la agrupación Defensa Nacional, también en Cochabamba; Mario José Takana Arauz, coronel en retiro, en Tarija. La quinta orden de aprehensión pesa sobre el diputado disidente de Creemos, Richard Ribera.
El legislador cruceño reconoció que efectivamente Hamdan lo llamó telefónicamente el día de la asonada militar, pero para que se pronuncie como presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña. Ribera ahora dice que permanece a buen recaudo.
Pretende mostrar fuerza
El periodista Carlos Valverde, manifestó que la asonada militar es la continuación del cartel de la mentira, hecho que fue denunciado por el entonces ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, para armar un relato en contra de la prensa en la gestión de Evo Morales.
En esa línea, el comunicador cree que el Gobierno busca fijar un relato, para lanzar su campaña presidencial a fin de mostrar a sus seguidores que tienen fuerza y seguir matoneando a sus verdugos con el apoyo de otros poderes del Estado.
“Esto confirma que este gobierno como el de Evo Morales son idénticos cuando se trata de imponer el poder por encima de cualquier cosa, y sobre todo de generar miedo porque es un buen freno para los opositores”, opinó Valverde en entrevista con EL DEBER.
Consideró que esta activación del caso es mostrar a un presidente con carácter, capaz de hacer cualquier cosa, porque la ciudadanía lo observa como un mandatario sin valor y que fue ninguneado por Zúñiga.
Finalmente sostuvo que este proceso favorecerá al precandidato de ADN, Jaime Dunn, ya que este espacio es el que esperaba el Gobierno para dispersar el voto entre Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga.
Por su parte, el militar en servicio pasivo, el coronel Jorge Santistevan, afirmó que esta práctica del Gobierno se da cuando tienen a opositores que le estorban en la gobernanza y tratan de ponerlos al margen.
Señaló que los casos como el Hotel Las Américas, Golpe I y II ya no tienen credibilidad en la población, y Arce recurre a desempolvar el ‘Zuñigazo’ para “perseguir a opositores”, con una nueva lista de presuntos sindicados, personas que tienen mucha credibilidad en el país.
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“En lugar de aplicar la normativa para una aprehensión correcta, ellos proceden a vulnerar estos procesos y van hacia al secuestro. La persecución a personas de relevancia es separar las voces contestatarias para que les allanen el camino”, consideró Santistevan.
LOS DATOS
APREHENSIONES VIGENTES
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, adelantó que cuentan con otras órdenes de aprehensión a ejecutar. Además, hay una lista de diputados citados a declarar.
PIDEN 30 AÑOS PARA ZÚÑIGA
El exgeneral del Ejército recibió el viernes una nueva detención preventiva por 30 días más. El Ministerio de Gobierno buscará la pena máxima contra Zúñiga y los nuevos involucrados.
EL DEBER
