Un juzgado de El Torno ordenó la suspensión de la difusión de encuestas electorales horas antes del debate por la Gobernación de Santa Cruz, lo que generó un aluvión de críticas contra el juez Diego Campero García, a quien acusaron de invadir competencias electorales, vulnerar la libertad de expresión y sentar un peligroso precedente para la democracia.
La medida cautelar fue dictada el sábado por el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial Nro 1 de El Torno, tras admitir una Acción Popular presentada por María Elena Aramayo Quinteros, una estudiante de La Guardia. Lo llamativo es que el memorial ingresó a las 8:30 y fue resuelto pocas horas después.
La decisión se conoció este domingo, unas horas antes del debate entre los candidatos Otto Ritter (SPT) y Juan Pablo Velasco (Libre), quienes tuvieron anoche su último cara a cara antes de la jornada de votación del próximo 19 de abril.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, tras ser notificado, rechazó la determinación y expresó su profunda preocupación por ese hecho. “Vamos a respetar nuestras atribuciones y los derechos que tienen los ciudadanos”, declaró en contacto con los medios de comunicación en Santa Cruz.
Ávila señaló que, en lo que va de las elecciones subnacionales 2026, el TSE enfrentó 38 acciones constitucionales y aseguró que en todas demostró que sus decisiones se ajustaron a la Constitución.
El titular del TSE fue convocado a una audiencia virtual para el 17 de abril por el juez en cuestión, bajo amenaza de multas de entre 30 y 100 días y posibles acciones por desobediencia. Ávila dijo que asistirá y que ejecerá defensa como corresponde. “Vamos a cumplir la ley en este caso y en todos los casos además. Hemos demostrado que hemos cumplido la ley y lo vamos a seguir haciendo. Por lo tanto, vamos a presentar estas observaciones; van a ser conocidas por el juez”, afirmó.
La diputada cruceña Patricia Arancibia (Libre), exigió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se pronuncie al recordar que este, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) suscribieron un acuerdo de Fortalecimiento del Sistema Democrático que establecía la no interferencia de instancias judiciales mediante medidas cautelares en procesos electorales. “Que diga si este es un acto consentido por el Tribunal o es un acto unilateral de un juez que está manoseando un proceso electoral que debería ser transparente”, exigió al presidente del TSJ, Romer Saucedo.
El senador Leonardo Roca (Libre), por su parte, dijo que lo que hizo el Juez “es más grave de lo que creemos”. “Este juez no solo censuró a la prensa. Invadió las facultades del Órgano Electoral, violó la separación de poderes y sentó un precedente que puede destruir la institucionalidad electoral de Bolivia (…) ¿Qué viene después? ¿Un juez de tránsito anulando elecciones?”, cuestionó.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, igualmente exigió al TSE intervenir de inmediato y convocó al TSJ y al Tribunal Departamental de Justicia a pronunciarse. “Un juez ha decidido que no tengamos la información necesaria para saber por quién votar”, criticó.
Constulado por CORREO DEL SUR, el abogado constitucionalista Arturo Yáñez calificó la medida cautelar de “prevaricato”, al señalar que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe expresamente la censura previa. “Asombra que el juez, además en un tema de alto interés público, esté, como medida cautelar, suspendiendo el derecho que las personas tenemos, especialmente, en este caso los votantes de Santa Cruz, de saber el estado del arte de las encuestas, más allá que sean confiables, no lo sean o no sean exactas”, indicó.
Según el calendario electoral, este domingo era el último día para la “difusión o publicación de estudios de opinión en materia electoral (encuestas)”.
ARGUMENTOS
La Acción Popular que admitió el Juzgado Público Mixto argumenta que la creciente desconfianza ciudadana hacia las encuestas, por sus discrepancias con los resultados finales, justifica la medida. Sostiene que su difusión “irresponsable o sesgada” puede afectar la equidad de la contienda e influir negativamente en la voluntad popular, al condicionar la percepción pública e inducir efectos como el “voto útil” o la “instalación artificial de tendencias”.
Pese a fallo, Unitel publica encuesta que da ventaja a Velasco
La Red Unitel difundió este domingo su encuesta de intención de voto para la segunda vuelta de la Gobernación de Santa Cruz, pese a una medida cautelar emitida por un juzgado que ordenaba su suspensión. El medio televisivo argumentó que no fue notificado oficialmente sobre la decisión judicial y procedió con la publicación del estudio, que otorga a Juan Pablo Velasco (Libre) una ventaja de 8,9 puntos porcentuales sobre Otto Ritter (SPT).
Según el sondeo, realizado por la empresa Ipsos CiesMori, Velasco lidera con un 43,6% de respaldo frente al 34,7% de Ritter. El estudio también revela que un 15,1% del electorado aún se encuentra indeciso. Los votos blancos alcanzan un 3,1% y los nulos un 3,6%. Ambos candidatos se enfrentarán en las urnas el próximo 19 de abril.
La orden de suspensión provino del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial Nro 1 de El Torno, que admitió una Acción Popular. Sin embargo, el canal afirmó que “Unitel no fue notificada con ninguna medida legal que impida difundir la encuesta”.
El estudio, que contó con la supervisión del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), se realizó entre el 3 y el 9 de abril con una muestra de 4.260 encuestas en todo el departamento, lo que le otorga un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±1,5%.
Decano pedirá revisar acto del juez de El Torno
El decano del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, anunció este domingo que solicitará a la Sala Plena de esa institución la “activación de mecanismos de control y fiscalización” para revisar la actuación del juez Diego Campero García, del Juzgado Mixto de El Torno, quien dispuso la suspensión de la difusión de encuestas electorales mediante medidas cautelares.
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En un pronunciamiento institucional, Baptista aclaró que el Consejo no tiene competencia para revisar el fondo de las resoluciones judiciales, en resguardo de la independencia judicial, pero precisó que sí corresponde “verificar el cumplimiento de los procedimientos legales y administrativos en la tramitación de la causa”. Para ello, dispuso la intervención de la Unidad Nacional de Transparencia y de la Dirección Nacional de Control y Fiscalización, a fin de emitir informes técnicos sobre la regularidad de la actuación funcional. El Decano fundament su decisión en el acuerdo interinstitucional suscrito el 15 de enero de 2026, que comprometió al Órgano Judicial a respetar las competencias electorales y no interferir en procesos de esa naturaleza.
Fuente: Correo del Sur
