El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, reapareció este miércoles mediante un video difundido en redes sociales, en el que denunció una supuesta persecución política de parte del actual alcalde, Manuel “Mamén” Saavedra, y aseguró que no se presentó a su audiencia cautelar porque temía ser enviado a la cárcel de Palmasola.
Fernández enfrenta una investigación por la presunta malversación de Bs 191 millones destinados a 17 proyectos municipales. El martes 27 de octubre, después de que no asistiera a su audiencia de medidas cautelares, fue declarado en rebeldía y se emitió una orden de aprehensión en su contra.
“Estaba todo preparado para que me aprehendan y me manden a Palmasola”, afirmó el exalcalde, al justificar su inasistencia y cuestionar las garantías del proceso judicial.
Cuestiona el cambio de fecha de la audiencia
En su pronunciamiento, Fernández sostuvo que la audiencia inicialmente había sido fijada para el 9 de noviembre, pero posteriormente fue adelantada al 27 de octubre.
El exalcalde aseguró que las presuntas presiones políticas y mediáticas influyeron en las decisiones judiciales y afirmó que no cuenta con garantías para afrontar el proceso.
“¿Qué garantía puedo tener yo si a la presión de una de las partes ella está cediendo?”, cuestionó, al explicar que su defensa había solicitado la excusa de la jueza que lleva el caso.
Sin embargo, la audiencia se mantuvo para el martes 27 de octubre. Fernández no se presentó y, al no justificar su ausencia, la autoridad judicial dispuso declararlo en rebeldía y emitir una orden de aprehensión.
Fernández niega que los recursos hayan sido robados
El exalcalde también defendió el manejo de los Bs 191 millones observados en la investigación. Aseguró que los recursos ingresaron a las cuentas municipales y fueron utilizados para cubrir obligaciones de la Alcaldía, entre ellas el pago del aguinaldo a los trabajadores y compromisos relacionados con el área de salud.
Según su versión, los recursos estaban disponibles mientras se desarrollaban los procedimientos de contratación de las obras y no podían destinarse anticipadamente a proyectos cuyas licitaciones habían sufrido dificultades.
“Esa plata entró a la Alcaldía. Nadie se la ha robado”, sostuvo, al afirmar que existen registros y documentación sobre los pagos realizados durante su gestión.
Estas declaraciones corresponden a la versión del exalcalde. La investigación deberá establecer si el destino de los recursos se ajustó a las disposiciones legales y a los fines para los que fueron contratados.
Apunta contra Mamén Saavedra
Fernández acusó al actual alcalde de utilizar el proceso judicial para desviar la atención de los problemas de la administración municipal.
También cuestionó los ingresos que, según afirmó, recibió la actual gestión, la falta de nuevas obras de pavimentación, el incremento del pasaje del transporte urbano a Bs 3,50 y la eliminación del bono escolar de Bs 400 que asegura haber dejado presupuestado.
“Yo creo que esta persecución política debe parar”, manifestó, al insistir en que continuará defendiéndose con documentos y pruebas.
Hasta el momento, las acusaciones de persecución política formuladas por Fernández no demuestran por sí mismas que exista una manipulación del proceso judicial. La investigación por la presunta malversación continúa en curso.
Orden de aprehensión vigente
La situación jurídica del exalcalde se complicó después de su inasistencia a la audiencia cautelar. La Fiscalía solicitó su detención preventiva dentro del proceso por los Bs 191 millones destinados a 17 proyectos municipales.
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Con la declaración de rebeldía y la orden de aprehensión, corresponde a las autoridades ejecutar las disposiciones judiciales y continuar con el proceso conforme a la normativa vigente.
El caso enfrenta dos versiones contrapuestas: Fernández denuncia una persecución política y asegura que los recursos fueron utilizados para cubrir obligaciones municipales, mientras la investigación busca establecer si hubo un manejo irregular del dinero destinado a las obras.
La definición de responsabilidades dependerá de las pruebas que se presenten y de las decisiones de las autoridades judiciales.
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