A un año de la gestión del presidente Rodrigo Paz, representantes del sector empresarial reconocieron algunas medidas económicas impulsadas por el Gobierno, pero advirtieron que existe lentitud en la implementación de reformas estructurales y que todavía no se generan las condiciones necesarias para recuperar la inversión, la producción y el empleo en Bolivia.
Los presidentes de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Eduardo Olivo; de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo; y de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, además de representantes de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), realizaron un balance sobre el primer año de gestión y coincidieron en que el Ejecutivo tomó decisiones económicas importantes, aunque los resultados todavía son insuficientes.
Entre los avances mencionaron la eliminación de la subvención a los combustibles, la flexibilización cambiaria, la reducción de la inflación, la disminución del riesgo país y la recuperación del acceso al financiamiento internacional.
Eduardo Olivo calificó el balance como mixto y sostuvo que el Gobierno asumió decisiones que fueron postergadas durante años. Sin embargo, observó que el costo del ajuste económico recayó principalmente sobre las familias y las empresas.
Desde Cainco, Jean Pierre Antelo destacó que la inflación interanual bajó del 22,23% en octubre de 2025 al 7,08% en octubre de 2026, mientras que el riesgo país descendió de aproximadamente 955 a 504 puntos básicos.
No obstante, advirtió que la estabilización económica todavía debe traducirse en transformaciones estructurales. A su criterio, el cambio de modelo requiere nuevas leyes que permitan generar confianza y atraer inversiones.
Costos elevados y caída del consumo
Entre las principales preocupaciones empresariales figuran el incremento de los costos operativos, la incertidumbre cambiaria y la reducción del consumo interno.
Antelo señaló que el precio del diésel llegó a Bs 17,95 por litro, situación que incrementó los costos de transporte de materias primas, insumos y productos terminados, afectando la competitividad de las empresas.
También alertó sobre la contracción económica del 3,27% durante el primer semestre de 2026 y señaló que nueve de once actividades económicas registraron resultados negativos en el segundo trimestre.
A estos problemas se suman los 53 días de bloqueos registrados entre mayo y junio, que interrumpieron las cadenas de abastecimiento y perjudicaron a diferentes sectores productivos.
Por su parte, Eduardo Olivo advirtió que la incertidumbre sobre el tipo de cambio dificulta la planificación de los comerciantes y empresarios, quienes tienen problemas para calcular cuánto costará reponer sus mercaderías y proyectar nuevas inversiones.
Empresarios exigen reformas y seguridad jurídica
Uno de los principales reclamos del sector privado está relacionado con la demora en la aprobación de leyes que consideran fundamentales para reactivar la economía.
Entre las prioridades mencionaron las normas de Inversiones, Hidrocarburos, Minería y Energía, además de reformas que permitan reducir la burocracia y garantizar seguridad jurídica.
«La confianza no se construye con anuncios; se construye con normas claras y su cumplimiento», sostuvo Olivo, al reclamar avances concretos tanto al Ejecutivo como a la Asamblea Legislativa.
La Cámara Agropecuaria del Oriente también planteó un pacto por la producción y el empleo, con cinco pilares: liberación de las fuerzas productivas, seguridad jurídica, nuevas políticas energéticas, infraestructura y corredores de exportación, y descentralización.
El sector agropecuario expresó además su preocupación por los avasallamientos de tierras y las dificultades para garantizar el respeto a la propiedad privada, al considerar que la inseguridad jurídica representa un obstáculo para nuevas inversiones.
El segundo año debe ser de resultados
Los representantes empresariales coincidieron en que el primer año de Gobierno estuvo marcado por medidas de ajuste y estabilización, pero que el segundo debe concentrarse en reformas que permitan recuperar la actividad productiva.
También reclamaron una reducción del gasto estatal, la reestructuración de empresas públicas deficitarias y una mayor eficiencia en la administración pública.
Aunque valoraron la apertura del Gobierno al diálogo con el sector privado, advirtieron que los acuerdos y compromisos deben traducirse en leyes, plazos y decisiones concretas.
El empresariado ratificó su disposición a trabajar con la administración de Rodrigo Paz, pero dejó un mensaje claro: Bolivia necesita pasar de la estabilización económica a la recuperación de la producción, la inversión y el empleo.
Mira también
Ahoradigital con información de La Razón.
