El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) manifestó este sábado que en Perú lo acusan penalmente para ocultar «crímenes de genocidio» tras conocerse que la Fiscalía peruana admitió una denuncia en su contra por el supuesto delito de «atentar contra la integridad nacional».
Morales escribió en su cuenta de Twitter que «congresistas procesados por sedición al desconocer el voto del pueblo» están cometiendo «delitos de actos hostiles contra Estado extranjero y tratan de acusarnos penalmente».
«Todo con tal de tratar de ocultar crímenes de genocidio, tortura y discriminación contra nuestros hermanos peruanos», escribió Morales.
Además, el exmandatario lamentó que la «transición» en el país vecino «tiene más muertos que días de gobierno», por lo que pidió el «cese de la represión contra nuestros hermanos indígenas y campesinos».
«La demanda de solución de fondo a las desigualdades históricas pide refundación y no más balas y persecución», finaliza el mensaje.
En la víspera se conoció que la Fiscalía de Perú admitió una denuncia realizada por el congresista de Revolución Popular, el ultraconservador Jorge Montoya, en contra de Morales por supuestos delitos contra la seguridad nacional, traición a la patria en la modalidad de «atentado contra la integridad nacional» que fue presentada el pasado 5 de enero.
El expresidente boliviano mantuvo una activa presencia en Perú, sobre todo en regiones del sur del país, durante el Gobierno de Pedro Castillo con el objetivo de incentivar la integración de regiones como Puno al proyecto Runasur, la plataforma internacional de movimientos sociales e indígenas que impulsa.
También ha estado muy activo en las redes sociales con opiniones sobre la crisis en Perú y mensajes para defender a Castillo desde su destitución por el Congreso tras intentar dar un golpe de Estado, el 7 de diciembre del año pasado.
Esta semana el Gobierno de Perú prohibió a Morales y a otros ocho bolivianos el ingreso al país vecino porque lo acusan de entrar para «efectuar actividades de índole política proselitista», lo que afecta la «seguridad nacional del país».
El exmandatario respondió a esta decisión señalando que esta situación se hace para «distraer» y evadir responsabilidades sobre los sucesos en ese país.
Las protestas en Perú han dejado hasta ahora 41 muertos en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden y un agente de policía fue asesinado por una turba, mientras que siete personas más han perdido la vida «por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo, según la Defensoría del Pueblo de Perú.
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales a 2023 y la convocatoria a una asamblea constituyente.
EFE
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