La caída de las reservas de gas natural en Bolivia responde principalmente a la falta de incentivos económicos para atraer inversiones en exploración, antes que a un agotamiento geológico de los recursos hidrocarburíferos, afirmó Raúl Velásquez, analista de la Fundación Jubileo.
Atribuyó esta situación a una política rentista que destina el 93% de la renta petrolera al Estado y deja el 7% restante a las empresas operadoras.
La explicación surge después de que YPFB reveló que se han certificado 2,3 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas, siendo el nivel más bajo en 20 años.
Velásquez señaló que el actual régimen fiscal, sumado a los precios subsidiados del gas natural, ha limitado la rentabilidad de los proyectos hidrocarburíferos y desalentado la inversión privada en actividades exploratorias.
“De cada 100 dólares, 93 van para el Estado y siete se quedan con las empresas petroleras. Ninguna empresa se animaría a invertir en un negocio en el que de cada 100 dólares, 93 van para el Estado”, sostuvo.
El analista explicó que, durante aproximadamente 20 años, Bolivia mantuvo una política de precios subsidiados para el gas natural en Bolivia, con un valor promedio de 1,30 dólares por millón de BTU, frente a los cerca de siete dólares que, según indicó, representa el precio de exportación.
A su juicio, esta diferencia, junto con la elevada carga fiscal, redujo el atractivo económico de las inversiones y provocó que importantes recursos hidrocarburíferos permanezcan bajo tierra sin convertirse en reservas probadas, probables o posibles.
“Con precios subsidiados y un régimen fiscal draconiano del 93%, no hay inversión”, afirmó Velásquez, al considerar que la disminución de las reservas es, fundamentalmente, un problema económico y de gestión sectorial.
El representante de Jubileo remarcó que las reservas que actualmente declinan corresponden, principalmente, a los descubrimientos realizados durante la década de 1990.
Asimismo, cuestionó que desde 2003 no se hayan registrado descubrimientos de magnitud, con excepción de un hallazgo importante en Incahuasi-Aquio.
Para Velásquez, esta situación refleja las limitaciones de la Ley de Hidrocarburos y de la política de nacionalización para generar condiciones que permitan atraer inversiones y reponer las reservas consumidas.
Bolivia podría importar gas en dos o tres años
El analista advirtió que Bolivia tendrá que comenzar a importar una parte del gas natural que consume en un plazo de dos a tres años, debido a que las inversiones y los nuevos descubrimientos no pueden generar resultados inmediatos.
Explicó que el desarrollo de un nuevo campo hidrocarburífero puede tomar entre cinco y siete años, por lo que incluso una modificación inmediata de las condiciones económicas no evitaría necesariamente la necesidad de recurrir a proveedores externos en el corto plazo.
En ese contexto, mencionó que Argentina podría convertirse en uno de los principales proveedores, aunque Bolivia deberá competir por la disponibilidad de gas y la capacidad de transporte con otros compradores, como Brasil y Chile.
También advirtió sobre el impacto económico de las importaciones. Estimó que el gas adquirido durante el verano podría costar entre 8 y 10 dólares por millón de BTU, mientras que en invierno el precio podría situarse entre 12 y 15 dólares, periodo en el que Argentina enfrenta mayores restricciones de oferta.
Nueva política hidrocarburífera
Frente a este escenario, Velásquez planteó que Bolivia necesita modificar las condiciones económicas del sector mediante una nueva ley de hidrocarburos, que contemple ajustes en los precios y en el régimen fiscal para recuperar el interés de los inversionistas.
Asimismo, señaló que la recuperación de campos existentes también podría contribuir a incrementar la producción, aunque aclaró que estas operaciones igualmente dependen de inversiones y de condiciones económicas que permitan recuperar los recursos comprometidos.
El analista sostuvo que el ajuste de los precios del gas también podría favorecer la incorporación de otras fuentes de generación eléctrica, como la hidroeléctrica, solar y eólica, que actualmente enfrentan dificultades para competir con las termoeléctricas que utilizan gas subsidiado.
Mira también
Menores exportaciones y pérdida de divisas
Velásquez también alertó sobre las consecuencias económicas de la reducción de la producción y de una eventual priorización del mercado interno frente a los compromisos de exportación.
Esta situación, según el analista, tendría un impacto directo en el ingreso de divisas. Estimó que dejar de exportar podría representar una reducción aproximada de 100 millones de dólares mensuales.
Además, advirtió que el gas destinado al mercado interno genera regalías e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) calculados sobre un precio subsidiado de aproximadamente 1,30 dólares por millón de BTU, mientras que su exportación permitiría obtener ingresos fiscales calculados sobre precios cercanos a los siete dólares.
Finalmente, Velásquez insistió en que Bolivia todavía cuenta con recursos de gas natural bajo tierra, pero necesita generar condiciones económicas que permitan explorarlos, desarrollarlos y convertirlos en reservas certificadas.
“No es que el gas se haya terminado. Bolivia sigue teniendo recursos naturales que tiene que explorar para poder convertirlos en reservas”, afirmó.
Erbol
