La presidenta de la Asamblea Legislativa, Eva Copa, aseguró hoy que la Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos – antes llamada Ley de Garantías-, sancionada hoy por la Cámara de Diputados, será remitida al Órgano Ejecutivo y esa instancia tiene 10 días para promulgarla.
“La Ley pasará al Ejecutivo y se espera los diez días para su promulgación, considero que el gobierno de transición recapacitará en estos días porque esta Ley está basada solamente en los acuerdos que ellos realizaron con las organizaciones”, aseguró, según una nota del senado.
Copa, en pasados días, ya había anunciado que ella misma promulgará la norma en caso de que la presidenta del Estado, Jeanine Áñez, se niegue a hacerlo.
Asimismo, hoy aseguró que la Ley está enmarcada estrictamente en la Constitución Política del Estado (CPE) y no transgrede ninguna norma jurídica vigente y tampoco busca generar impunidad para exautoridades.
“Al presidir la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) he sido clara con mi posición: Yo no voy a sacar ninguna Ley que vaya en contra de la Constitución Política del Estado y que vulnere derechos. La Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos no tiene ningún Parágrafo, ningún Artículo que defienda la impunidad.”, señaló Copa, minutos antes, a través de su cuenta de Twitter.
Ayer, el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, aseguró que el Gobierno no permitirá que la mencionada norma entre en vigencia y aplicará las medidas pertinentes para ese fin.
Señaló que el Gobierno enviará la norma al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que sea esa instancia la que defina la legalidad o no de la Ley.
Según información de la Asamblea Legislativa, la norma tiene por objeto velar por el cumplimiento del ejercicio de los derechos fundamentales, civiles, políticos y de libre expresión, contenidos en la Constitución Política del Estado, Tratados, Convenios e Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos, a favor de las bolivianas y los bolivianos, extranjeras y extranjeros residentes en Bolivia.
Asimismo, prohíbe las acciones de hecho, aprehensiones y detenciones preventivas arbitrarias, hostigamiento judicial o cualquier medida ilegal de coacción que impida el libre ejercicio de derechos y libertades, por los acontecimientos políticos suscitados a partir del 21 de octubre de 2019.
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