Después de 46 días de conflicto que provocó desabastecimiento de alimentos por efecto de los bloqueos en distintas regiones del país, en la Central Obrera Boliviana (COB) se instaló un intenso debate sobre la continuidad o no de las medidas de presión.
El delegado de la Confederación de Jubilados ante la COB, Rodolfo Ayala, afirmó que su sector planteó una pausa o tregua social para abrir una salida pacífica al conflicto y permitir la instalación de mesas de diálogo con el Gobierno.
“Pedirles con todo respeto: ya no hagamos sufrir más a la gente”, expresó el dirigente en una entrevista con radio Panamericana
El dirigente reconoció que todavía existen organizaciones que se resisten a suspender los bloqueos, pero evitó identificarlas para no afectar las gestiones internas que se realizan dentro de la entidad matriz de los trabajadores.
“Como Confederación hemos solicitado una pausa, una tregua social para que solucionemos todos estos problemas de los bloqueos que están en diferentes lugares”, afirmó Ayala, en contacto con radio Panamericana.
El dirigente explicó que la COB convocó a un ampliado en la Federación de Mineros, pero la reunión no logró avanzar como estaba previsto debido a incidentes, tensiones internas y la imposibilidad de participación de algunas centrales obreras departamentales que no pudieron llegar a La Paz por los bloqueos. Luego, dijo, se convocó a una reunión de emergencia, aunque tampoco se pudo cerrar una decisión definitiva.
Ayala señaló que existen “problemas políticos” que traban una salida y remarcó que la Confederación de Jubilados no comparte una ruta de mayor confrontación. Según dijo, el objetivo de su sector es abrir un diálogo con garantías institucionales para tratar no solo el tema salarial, sino también la agenda económica, social y de seguridad de corto y largo plazo.
“La intención de nosotros no es que la economía de nuestro país, que está toda deteriorada, se siga manteniendo en esta situación”, sostuvo.
El dirigente admitió que hay sectores de la COB, centrales obreras departamentales y organizaciones sociales que ya expresaron su disposición al diálogo, mientras otros todavía plantean mantener las medidas. Ante ese escenario, pidió esperar algunas horas para que las gestiones internas puedan madurar y se logre una definición que evite una mayor radicalización.
“Vamos a seguir pidiendo con todo respeto a estas organizaciones deponer esa actitud que se está yendo en contra, más que todo, de los ciudadanos”, afirmó.
Ayala sostuvo que los jubilados consultaron a sus bases a escala nacional y concluyeron que el camino debe ser la tregua y la negociación. Afirmó que el sector movilizado no puede seguir haciendo sufrir a la población y pidió a las organizaciones más duras reconsiderar su posición.
No obstante, Ayala también responsabilizó al Gobierno por la falta de respuestas oportunas al pliego de demandas y por lo que consideró errores de comunicación y de gestión política. Aseguró que la crisis pudo evitarse si el Ejecutivo atendía con anticipación las solicitudes de reunión presentadas desde enero por la Confederación de Jubilados y la COB.
También señaló que pedirán al Legislativo avanzar en la elección del directorio nacional de la Gestora Pública y que exista control social sobre su funcionamiento. Según Ayala, los jubilados cuentan con proyectos y pliegos elaborados técnicamente para defender sus demandas en una mesa de negociación.
“Tenemos los proyectos, los pliegos ya bien elaborados técnicamente. Vamos a entrar a discutir”, afirmó.
Ayala insistió en que el diálogo debe ser “sincero” y contar con instituciones que garanticen el cumplimiento de los acuerdos. Dijo que el sector de jubilados no busca profundizar la crisis, sino evitar que el conflicto siga afectando a trabajadores activos, jubilados, transportistas, productores y a la población que enfrenta las consecuencias del bloqueo.
“Nosotros vamos a seguir con ese mismo lenguaje de solución y pacificación para mi país”, concluyó.
El Deber
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