El pleno de Diputados aprobó por mayoría la Ley 249/2021-2022, norma que establece derechos, garantías y obligaciones específicas para los trabajadores por cuenta propia y fue derivada al Senado para su consideración.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, explicó al pleno camaral que la propuesta de ley fue enviada a la Asamblea Legislativa en abril de este año, después de encuentros de socialización en los que la normativa fue nutrida con aportes de los mismos beneficiarios, según una nota de prensa de la Cámara de Diputados.
“Decir que este proyecto está hecho solo por el Gobierno, falta a la verdad. Este proyecto de ley surge de las amplias socializaciones. Saludamos esa conciencia social y capacidad de nuestros hermanos”, dijo la autoridad.
Asimismo, aclaró que su contenido no representa “ningún tipo de persecución, ni amedrentamiento tributario, ni sanción” que atente contra la actividad económica de los gremiales, y descartó que vayan a ser cambiados al régimen general tributario, ya que se encuentran amparados por el régimen simplificado. Mas bien se trata de, “una ley propia de los gremiales, que va a permitir frenar el abuso de autoridades municipales”, remarcó.
El artículo 4 de la ley garantiza como derechos, la participación de sus representantes en las instancias de Control Social, el ejercicio de su actividad económica, la comercialización de mercancías lícitas, el transporte de sus productos en el interior del país, todo ello, en el marco de las normativas vigentes que regulan su actividad.
El artículo 5 establece como obligaciones, entre otros puntos, desarrollar las actividades en espacios públicos autorizados, comercializar con preferencia productos nacionales para fortalecer la economía nacional, cumplir con las normas de inocuidad, calidad y precios, respetando los derechos de los usuarios.
También instituye garantías para el sector ante instancias administrativas y judiciales, de modo que puedan desarrollar su actividad económica autorizada, aprovechar bienes públicos en sus puestos de venta y respaldarse bajo el régimen de responsabilidad que corresponda, cuando algunos de sus derechos sean vulnerados.
En cuanto al acceso a créditos para el desarrollo de sus actividades comerciales o la adquisición de una vivienda social, y el acceso a prestaciones de vejez y riesgos, la propuesta legal otorga la responsabilidad al Estado de promover políticas públicas que viabilicen el ejercicio de estos derechos.
El nivel central y las entidades territoriales autónomas, en base a sus competencias, garantizarán el acceso a la salud, mediante la implementación de políticas públicas, en el marco del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito, indica el artículo 10 del proyecto de ley 249/2021-2022.
«El 2021 nos hemos reunido con el diputado Omar Yujra y hemos analizado artículo por artículo. Luego, nos hemos reunido con el ministro de Economía y hemos fusionado la (propuesta de ley) 249 con la 075, creo que hay una satisfacción única en mi sector, porque por primera vez tendrá una normativa de protección. Por eso las representaciones de todo el país están presentes (en el hemiciclo)”, manifestó Rodolfo Mancilla, secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia.
El diputado Omar Yujra explicó que la norma fue aprobada en sus estaciones en grande y detalle en la Cámara de Diputados, y remitida al Senado. “Es un proyecto de ley consensuado con los gremiales”, subrayó. Explicó que, en el último encuentro con el gremio, el 11 de julio, recogió últimas propuestas de modificación a la ley, que fueron tomadas en cuenta e incorporadas antes de su aprobación por mayoría.
“No es un proyecto de ley que se esté tratando hace unas semanas, viene de mucho tiempo atrás, se ha ido trabajando y consensuando con el sector gremial. El 11 de julio se ha firmado un acta como resultado del consenso”, comentó.
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