Una denuncia por uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo pesa en contra del fiscal General del Estado, Juan Lanchipa. Fue presentada por el Viceministerio de Transparencia.
El actuado supuestamente irregular no solo involucraría a la máxima autoridad del Ministerio Público sino también salpica a los vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justica de La Paz y a funcionarios del Consejo de la Magistratura de 2018, dijo el viceministro de Transparencia, Guido Melgar.
La denuncia de manera formal fue presentada por Melgar la mañana de hoy, martes, en la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, donde brindó una conferencia de prensa.
A decir la autoridad nacional, el hecho irregular se suscitó con el sorteo “manipulado” del sistema informático de una causa de acción de libertad presentada por Lanchipa y que fue a recaer en la Sala Penal Primera tras haberse sacado del sorteo a las otras salas y juzgados.
Dijo que ese recurso debió resolverse en la Sala Penal Tercera, pero debido a circunstancias no aclaradas, se volvió a realizar un nuevo sortero.
“El funcionario que materializó la manipulación informática ha hecho una declaración jurada, que la hemos presentado como prueba, donde dice que sus superiores le ordenaron a él que anule el resto de los juzgados y las salas, y que solo quede habilitada la sala primera penal primera”, manifestó Melgar.
Ese hecho –según las palabras del denunciante– ocurrió el 3 de septiembre de 2018, cuando Lanchipa necesitaba deshacerse favorablemente de una acción legal para habilitarse como candidato a fiscal general, cargo que después terminaría ganando. Fue posesionado el 9 de octubre del mismo año.
“Quiero pedir a los fiscales que sean encargados de investigar el hecho de corrupción, que actúen de manera objetiva y transparente, y que si son objeto de alguna presión o manipulación, lo denuncien”, afirmó Melgar.
La autoridad nacional adelantó que se pedirá investigación contra los magistrados del Tribunal Constitucional que conocieron el caso en la instancia de revisión, pues se evidenció que ese proceso se resolvió en 34 días cuando una persona normal debe esperar entre ocho meses y un año para conocer el resultado.
Correo del Sur
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