El afán de las dictaduras siempre ha sido acallar al periodismo independiente.
El dictador que más rápido actuó fue Vladimir Lenin: a los dos días de haber asumido el gobierno de Rusia, en octubre de 1917, cerró todos los periódicos “burgueses” con el argumento de que sólo se dedicaban a mentir.
Setenta años después se derrumbó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los que mintieron, esta vez, habían sido los conductores de la fracasada dictadura.
En Bolivia, la dictadura se demoró un poco. El control de los medios comenzó a los dos años de la gestión de Evo Morales, con la compra, mediante chantaje, de un diario de La Paz y una red de televisión.
El operativo, en 2008, consistió en una presión tributaria a los propietarios de La Razón y luego una oferta que no podía rechazar: vendió todo a un ciudadano de nacionalidad paraguayo-venezolana, de nombre Carlos Gill, que venía con el aval de Hugo Chávez.
El dinero lo tenía el embajador de Venezuela en Bolivia, que decidió sacar ventaja y puso todos los papeles a su nombre. Chávez lo despidió y los medios quedaron en las manos de Gill aunque después resultó claro que eran de propiedad del vicepresidente, Álvaro García Linera. Gill no había hecho papel de tonto, sino solamente de testaferro.
Otros medios fueron directamente cerrados, los periodistas marginados y proscritos, como sigue ocurriendo ahora, cuando gobierna el pupilo del cocalero Morales, que no le pierde pisada.
Ahora, la dictadura quiere completar la tarea comprando un diario de Cochabamba, también con chantaje y presión.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha lanzado una advertencia acerca del caso del diario Los Tiempos de Cochabamba y lo mismo han hecho las asociaciones de periodistas de Bolivia.
El director del periódico, Marco Zelaya, ha dicho en conferencia de prensa que no se doblegarán y resistirán al chantaje y la presión que ejerce el aspirante a comprador, con el respaldo de la oficina de impuestos.
El aspirante a comprador hace una oferta y cuando los propietarios quieren vender un bien inmueble para pagar las deudas que el fisco inventó, se les avisa que no pueden vender nada. Es decir que el Estado es cómplice de un chantaje.
La arremetida contra los medios independientes es también furiosa. El exministro del cocalero Juan Ramón Quintana aseguró en público que ahora en Bolivia ha dejado de operar el “cartel de la mentira”, y ha sido reemplazado por el “gangsterismo mediático”. Asegura que los medios independientes atacan a Morales porque es indio, y no porque promueve el narcotráfico o porque es pedófilo y corrupto.
Juan Ramón Quintana (Reuters)Todo el poder del gobierno masista está detrás de esta operación de chantaje. Los periodistas del diario de Cochabamba, que temen lo peor, denuncian que el Estado y las mafias impiden que la empresa salde sus deudas con el fisco.
Y el SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) está detrás de esta operación, amenazando a la empresa, enviando equipos de fiscalización en acciones de sincronización precisa con las propuestas del supuesto empresario que llegó de Brasil con mucho dinero.
El origen de la fortuna del millonario llegado de Brasil es un misterio. Pero se sabe que es muy amigo del cocalero Morales, que se hospeda en el hotel del empresario en Santa Cruz. Ambos se reúnen con frecuencia en Chapare, la capital de la coca y la droga.
Estamos ante una mafia que comprende incluso a instancias del Estado. Como en La Paz, donde es la policía la que persigue, tortura y detiene a cocaleros de Yungas sólo porque no quieren ser cómplices de la coca proveniente de zonas rojas. O en Santa Cruz, donde la policía actúa como grupos de choque manejados por un ministro.
Ha comenzado a merodear una pregunta: ¿hasta dónde llega el Estado como socio o instrumento de las mafias que controla el masismo? ¿Será posible distinguir los límites entre Estado y mafias? O es que, en realidad el Estado ha sido dominado completamente y ahora ya nada es posible, sino esperar que una revolución acabe con esta vergüenza.
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