La Asociación de Madres de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante la ONU contra miembros de la OEA, incluido el secretario general Luis Almagro, por injerencia en el proceso electoral de Bolivia.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, recibió esta denuncia que se presenta no solo contra el titular de la OEA, sino también contra la Misión de Observadores Electorales del organismo, dirigida por Manuel González.
El escrito también implica a los auditores y responsables de los informes preliminares y del reporte final del organismo en relación a las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en el país andino por haber incurrido en «acciones de intervencionismo contra la soberanía de Bolivia que aluden a un supuesto fraude electoral el cual no han podido probar».
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Estudios acreditados
La denuncia alude a ocho informes técnicos internacionales de distintos centros universitarios y periódicos de todo el mundo, entre ellos los elaborados para el New York Times, el Washington Post, el MIT (Universidad de Massachussets) y el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR).
Los denunciantes recuerdan la petición de congresistas estadounidenses para que se investiguen las acciones de la secretaría general de la OEA.
Estos estudios «desmienten contundentemente las acusaciones de fraude de la OEA en las elecciones del 2019 que llevaron al derrocamiento de un Gobierno constitucional», de acuerdo a las organizaciones.
Esa injerencia también provocó «la desestabilización de la democracia que concluyó en un golpe de Estado, la muerte de 37 personas, más de 860 heridos, más de un millar de detenidos ilegalmente, la persecución policial y judicial con fines políticos y el exilio de cientos de dirigentes políticos y sociales», añadieron.
Las entidades afirmaron que la secretaría general de la OEA, dirigida por Almagro, «ha vulnerado abiertamente la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y resoluciones generales de la OEA, transgrediendo el Derecho Internacional y la Soberanía nacional del Estado Plurinacional de Bolivia».
Como consecuencia se vulneró el Estado de derecho y se desmanteló la Constitución Política del Estado boliviano, consolidando en el poder al Gobierno de Jeanine Añez «que comete sistemáticamente delitos contra la población».
En este contexto, las instituciones argentinas acusaron a la secretaría general de la OEA de los delitos contra los derechos civiles, políticos y sociales al señalar «un presunto fraude, sin pruebas y con un sesgo marcadamente político».
Por ello pidieron al Alto Comisionado de Naciones Unidas que conforme una comisión de especialistas para realizar una investigación independiente sobre los informes de la OEA.
Más de siete millones de bolivianos están llamados a las urnas este domingo para renovar el Gobierno y el parlamento, en la culminación de un largo proceso con el que se intenta reponer el orden constitucional tras un año de interinato.
Sputnik
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