La Contraloría General del Estado ratificó que el Consejo de la Magistratura tiene competencias para fiscalizar la administración económica y financiera del Órgano Judicial y realizar auditorías jurídicas y de gestión financiera. El pronunciamiento también identifica observaciones al sustento normativo de las funciones de auditoría interna de la Dirección Administrativa y Financiera (DAF).
La determinación fue comunicada al presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, junto con dos informes técnico-legales que precisan las atribuciones de ambas instituciones en materia de control gubernamental.
El análisis de la Contraloría se basa en la Constitución Política del Estado, la Ley del Órgano Judicial y la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Entre sus conclusiones, establece que el Consejo de la Magistratura tiene responsabilidades específicas sobre el control de los recursos económicos y los bienes del Órgano Judicial.
Uno de los informes también observa el respaldo normativo de las tareas de control interno posterior que ejerce la Unidad de Auditoría Interna de la DAF, debido a la naturaleza jurídica de esta dependencia y al alcance de las disposiciones legales vigentes.
El documento plantea la necesidad de precisar las responsabilidades institucionales para evitar la duplicación de funciones y garantizar que las auditorías se ajusten a las atribuciones de cada entidad, sin afectar las competencias de la Contraloría.
Tras conocer el pronunciamiento, el Consejo de la Magistratura prevé revisar sus normas internas de control y fiscalización. Los resultados del análisis técnico y jurídico serán puestos a consideración de Sala Plena para definir las medidas correspondientes.
La actualización reglamentaria busca establecer procedimientos compatibles con la legislación vigente y fortalecer las auditorías jurídicas y financieras dentro del Órgano Judicial.
La Razón
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