La representante en Bolivia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Mónica Mendoza, advirtió que organizaciones criminales de México, Brasil, Perú y Colombia ampliaron su presencia en el país, donde el narcotráfico opera junto con otros delitos y aprovecha posibles redes de protección local.
En una entrevista con la agencia EFE, Mendoza señaló que Bolivia ya no puede analizarse solo como territorio de tránsito o productor de materia prima para el narcotráfico.
“Sí hay presencia de carteles. No estamos hablando de carteles bolivianos, estamos hablando de organizaciones (…) de otros países y que operan con la anuencia, con el consenso de organizaciones locales”, afirmó.
Entre las estructuras identificadas mencionó al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de México, y a las organizaciones brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC), Comando Vermelho (CV) y otros grupos criminales peruanos y colombianos. Como indicios de esa actividad, citó la presencia de ciudadanos de esas nacionalidades en cárceles bolivianas por casos relacionados con las organizaciones.
Mendoza también alertó sobre los asesinatos por encargo y las disputas territoriales entre grupos criminales, con episodios recurrentes en zonas fronterizas con Brasil. Estos hechos llevaron al Gobierno a desplegar efectivos militares y unidades policiales especializadas para reforzar la seguridad.
La representante de la Unodc describió una conexión entre el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, la corrupción y la minería ilegal. Según explicó, estas actividades pueden operar de manera articulada y fortalecer las capacidades económicas y logísticas de las organizaciones criminales.
También advirtió sobre la infiltración del crimen organizado en instituciones estatales, en particular en el sistema judicial, donde las redes de corrupción pueden obstaculizar las investigaciones y evitar sanciones. Mendoza hizo estas declaraciones al ser consultada sobre el caso del exfiscal general Roger Mariaca, acusado por el Ejecutivo de presunta protección al narcoterrorismo.
Para la representante, la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset también expuso la dimensión de las estructuras criminales que operan en el país. Mendoza consideró que Bolivia necesita una respuesta coordinada que permita perseguir tanto a los responsables como a sus recursos económicos.
La expansión de las redes criminales coincide con el aumento de los cultivos de coca. De acuerdo con el último informe de la Unodc citado en la entrevista, la superficie cultivada en Bolivia pasó de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 en 2025, un incremento del 7%.
Mendoza planteó la necesidad de fortalecer la persecución financiera del narcotráfico, mejorar la capacidad operativa del Estado y avanzar en normas contra el lavado de dinero y sobre extinción de dominio. También señaló que el sistema judicial debe lograr más sentencias en casos de narcotráfico.
La Razón
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