Trabajadores de al menos nueve empresas estatales y un ministerio presentaron denuncias, mediante cartas públicas, contra sus superiores por obligarlos a marchar y ser militantes del MAS.
Funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ), Banco Unión, BOA, Entel, Epsas, Ministerio de Defensa, Mi Teleférico y YPFB manifestaron que fueron maltratados e identificaron a los responsables. Los trabajadores del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), por su parte, exigen que se les devuelva el dinero que les obligaron a entregar como “aporte voluntario”.
En la ANH declararon “enemigos de la institución” a 16 funcionarios de quienes exigen sus renuncias. Se trata de los directores distritales que los obligaron a inscribirse al MAS bajo amenaza de despido. “Hubo manejos económicos disfrazados de la institución y desvió de fondos presupuestarios, mal uso de vehículos y activos de la ANH para campañas políticas entre otros”, cita el pronunciamiento de los trabajadores de la entidad reguladora.
Asimismo, el pronunciamiento de la AJ denuncia la manipulación y extorsión de nueve funcionarios, entre directores y jefes de unidad, además de la “articuladora política”.
“Obligaban a los de la regional (La Paz) a ir a marchar y retornar a trabajar sin importar la hora ni el cansancio”, revelan.
“Por lo expuesto exigimos las renuncias inmediatas e irrevocables por haber sido impuestas por un régimen dictatorial, que no respeta la equidad de género y que basa sus promociones en favoritismos”, finaliza el texto.
En el caso del Banco Unión se identifica a jefes, cargos superiores, directores y subgerentes.
“Exigimos que se cambie al directorio actual y a toda la subgerencia nacional por respeto a la Institución y los funcionarios. Por lo anterior expuesto exigimos las renuncias inmediatas e irrevocables, por haber sido impuestas por un régimen dictatorial, que no respeta la equidad de género y que basa sus promociones en favoritismos e influencias”, indica parte de la carta.
Los empleados acusaron a Mario Guillén, gerente general, y a otros ejecutivos de favorecer a militantes del MAS -sin conocimientos del área- con cargos altos, de despidos injustificados y el incumplimiento de normas y procedimientos.
En el caso de BOA, los empleados afirman que están “indignados e impotentes” por los “atropellos” de sus jefes, todos ellos masistas.
“Los cargos altos y medios, técnicos y administrativos, fueron manejados por masistas y oportunistas, fuimos obligados a asistir a manifestaciones político-partidarias, nos afiliaron y carnetizaron como militantes del MAS con lista que fue tomada escritorio por escritorio”, se lee en parte del documento.
Incluso, develaron, que con la excusa de realizar viajes laborales vía aérea, hubo funcionarios que contrabandeaban repuestos y motores, una actividad que no fue auditada y menos sancionado, pese a ser de conocimiento público. Ante esos ilícitos y los abusos que sufrieron, los empleados exigieron la renuncia de al menos 20 gerentes y jefes de departamento.
Sobre Entel, los empleados señalaron a Óscar Coca, exgerente de la estatal, por cometer “abuso y manejo prepotente”, por lo que ahora piden investigar su gestión, ya que lo sindican por presuntos desvíos de dinero.
“No se cansaron de pisotear nuestros derechos y lo que es peor, quebrantando la unidad de los trabajadores, en complicidad de algunos trabajadores que se convirtieron en sus ‘operadores del terror’, para someter a sus propios compañeros a capricho de su jefe”, reclaman.
Por otro lado, funcionarios de Epsas cuentan las humillaciones que sufrieron por parte de masistas. “Hemos sido obligados por el interventor y la ejecutiva del Sindicato Único de Trabajadores Sutas a afiliarnos como militantes del MAS, siendo amenazados con ser despedidos de nuestras fuentes laborales en caso de no presentar las respectivas credenciales”, revelaron.
Asimismo afirmaron que constantemente sufrieron “amedrentamientos y hostigamientos” de parte de la directora de Comunicación para ir a marchar en apoyo al dirigente Jesús Vera, en la actualidad prófugo de la justicia, y fueron presionados para dar aportes económicos “voluntarios” no sólo para la campaña, sino también para los numerosos viajes al interior del país con el fin de apoyar al MAS.
Asimismo, desde Mi Teleférico explicaron que les “invitaban” a renunciar si no apoyaban al MAS o daban los “aportes voluntarios”, que 59 funcionarios fueron despedidos sin justificación el 21 de octubre y exigen una auditoría de todas las contrataciones e invitaciones directas.
Por su parte, los trabajadores de la Refinería Guillermo Elder Bell, de YPFB Refinación, en Cochabamba, también declararon “enemigos de la empresa y de los trabajadores petroleros” al presidente de la estatal, Óscar Barriga; al igual que a sus gerentes y directores, quienes exigen su renuncia inmediata, por haber cometido, “hechos de corrupción y abuso laboral, además de hostigamiento”.
Asimismo, funcionarios del INRA revelaron que fueron obligados a aportar al MAS el 2% de su salario de junio, julio y agosto y exigen que se les devuelva inmediatamente. Además, indicaron que se les adeuda los sueldos de septiembre y octubre.
Acusan también a ex ministro de Defensa
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Ministerio Otra de las cartas que fue publicada en las jornadas pasadas es firmada por funcionarios con varios años de antigüedad del Ministerio de Defensa.
Declaración La misiva declara enemigos de la institución a 19 servidores públicos, entre ellos, el ex ministro de Defensa, Javier Zavaleta López, José Luis Begazo Ampuero ( Viceministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral) y Liliana Guzmán Gorena, Directora General de DDHH e Interculturalidad, entre otros.
Denuncia Según los trabajadores, los denunciados se encargaron de “perseguir, hostigar, amenazar, despedir a funcionarios que no se encontraban alineados con el MAS”, jubilación forzosa, encubrir actos de corrupción y amendrentamiento, obligar a aportar el 3% del salario para cuotas para el MAS y asistir a sus actos de proselitismo, además de conformar un grupo de choque.
Pedido Los trabajadores exigen la renuncia o destitución de las personas nombradas por “abuso de poder, hostigamiento, corrupción, nepotismo y dañar la integridad”.
Documento En la carta se afirma que la misma será enviada a la Fiscalía para que se realice una investigación.
Fuente: Página Siete
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