Casi nadie repara en la gravedad del uso del mercurio en Bolivia. Las cifras de importación de esta sustancia son cada vez más grandes, pero parecen ser invisibles para el Gobierno, así como lo son las múltiples afecciones en la salud de las personas y también el impacto en el medio ambiente.
El Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Tóxicos y Derechos Humanos, Marcos A. Orellana, no disimula su preocupación por el uso del mercurio en Bolivia.
El experto habló con Página Siete y dijo que contempla la idea de llegar para hacer un seguimiento, no obstante hace un monitoreo cercano que lo lleva a resumir que el problema de esta sustancia está fuera de control y que el país se convirtió en el centro de distribución de mercurio para la minería ilegal en la cuenca amazónica, entre otras afirmaciones alarmantes.
¿Cuándo surge la preocupación del mercurio en Bolivia?
El Consejo de DDHH de las Naciones Unidas me nombra relator especial sobre sustancias tóxicas y DDHH en agosto de 2020 y en ese momento la Relatoría empieza a recibir información acerca del uso del mercurio en Bolivia, en la región andina y también de la exposición de personas y miembros de comunidades indígenas al mercurio.
En diciembre de 2021, usted alertó sobre esta situación del mercurio, ¿recibió alguna respuesta del Gobierno boliviano?
Sí, y agradezco mucho el involucramiento del Gobierno bolivianos y sus respuestas, tengo la impresión de que el Gobierno genuinamente ha comenzado a poner mayor atención al problema, incluyendo el desafío de elaboración y aplicación de un plan nacional acerca del mercurio en la pequeña minería aurífera.
Otra repercusión desde las cartas que le envié a Bolivia el año pasado es una mayor discusión global acerca de las brechas que exhibe el convenio de Minamata del mercurio en esta materia.
¿Cuáles son las consecuencias del uso del mercurio en los pueblos indígenas, en la salud y en la minería?
El mercurio es una sustancia sumamente peligrosa y es por ello que la comunidad internacional ha negociado un acuerdo multilateral ambiental específicamente enfocado en el mercurio. Puede ocasionar malformaciones congénitas en el feto, puede generar discapacidad neurológica en niños y niñas, pérdida de coeficiente intelectual, puede generar daño en los riñones y al sistema cardiovascular, y los niveles altos de mercurio pueden generar daños cerebrales, ceguera, discapacidad intelectual, otras condiciones permanentes para la salud.
Incluso hay una enfermedad específica llamada enfermedad de Minamata, que ha sido identificada tras la exposición de productos marinos contaminados con metil mercurio desde la planta de química de la empresa Chiso, en Japón. Los efectos incluyen la falta de control muscular, impactos a la salud que son tremendamente peligrosos y afectan de manera desproporcionada a personas que no tienen nada que ver con la actividad minera, como son los pueblos indígenas que consumen pescado de acuerdo a sus tradiciones, que viven su vida junto a los ríos, están viendo cómo sus alimentos, sus cuerpos están siendo contaminados.
¿Cuál es el nivel de Bolivia en el uso ilegal del mercurio, en comparación con otros países?
Diría que en Bolivia el problema del mercurio está fuera de control. En los últimos 10 años Bolivia pasó de importar cero toneladas a importar más de 200 toneladas en 2018, esto ha convertido a Bolivia en el primer importador en el mundo y eso es en contravensión del Convenio de Minamata que busca no aumentar el mercurio, sino precisamente controlar, reducir y eliminar las fuentes de mercurio.
Usted dijo que en Bolivia, el mercurio es un caso de injusticia ambiental. ¿Se conoce sobre algunas afecciones en la salud por ejemplo en comunidades indígenas o en las minas?
La información que ha recibido la Relatoría habla de exposiciones a mercurio y concentraciones de mercurio en el cabello de personas, miembros de comunidades indígenas, que superan con creces los valores máximos admitidos en los estándares internacionales. De ahí la importancia de que el Gobierno lleve adelante no sólo programas de prevención y control adecuado del mercurio para afectaciones, sino también programas de monitoreo y epidemiológicos para poder detectar de manera temprana y poder proporcionar a las personas afectadas los recursos que necesitan.
¿No cree que Bolivia se contradice por el hecho de estar dentro del Convenio de Minamata y al mismo tiempo sea el primer importador de mercurio?
Sí, el Gobierno en sus respuestas dio cuenta de las numerosas reglas que se aplican a las actividades para protección ambiental o a la pequeña minería, habló que se encuentra trabajando en la elaboración de un plan nacional, pero al mismo tiempo yo quiero recalcar que la demora en tomar acción concreta para aplicar el convenio de Minamata, para proteger a las personas expuestas al mercurio están ocasionando graves afectaciones en este momento, en comunidades indígenas y también en comunidades de mineros. Las comunidades mineras están en la primera línea de exposición de esta sustancia peligrosa y hasta el día de hoy Bolivia no cuenta con un marco normativo, institucional y una política clara para regular el manejo del mercurio.
Las cooperativas mineras son aliadas del Gobierno, ¿esto no impide que las acciones para regular el mercurio avancen?
Creo que una de las razones por las cuales Bolivia hasta ahora no ha tomado suficiente acción es que ha visto en la producción de oro una fuente de ingresos significativa y, entonces, ese aumento no le ha permitido ver con claridad cuáles son los tremendos impactos que conllevan la posición del mercurio en el medio ambiente y en la salud de las personas.
¿Qué debería hacer Bolivia con suma urgencia?
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Una de las recomendaciones que fluyen de las cartas es la elaboración de un plan de acción nacional que establezca una política y una regulación clara del mercurio. Hay otros países en la región, como Colombia, que han prohibido el mercurio en la minería aurífera, en Perú hay una clara prohibición de minería aurífera en las aguas, también hay un plan de acción de control del mercurio y, sin embargo, Bolivia no cuenta con herramientas específicas para controlar la importación del mercurio, la Aduana no interviene en el control, tampoco lo hace el programa nacional de contaminantes orgánicos persistentes, todo eso lo podría llevar adelante el país dentro de lo que es una plan de acción nacional que articule competencias y medidas a tomar y esté orientado a la eliminación del mercurio.
Foto: SPDA
Bolivia importó 1.200 toneladas en siete años por $us 50 millones. ¿Qué opina al respecto?
Los estudios que han llegado a la Relatoría dan cuenta no sólo del exponencial aumento paulatino de la importación de mercurio en Bolivia, sino además de la brecha entre el mercurio que se importa y el mercurio que es utilizado en la minería. Esos excedentes significan, por una parte, que hay una creciente minería ilegal en Bolivia, lo cual agrava los impactos del mercurio en la salud de las personas y, por la otra, refuerza la evidencia que existe en torno a que Bolivia se ha convertido en el centro de distribución de mercurio para la minería ilegal en la cuenca amazónica y esto, sin duda, eleva el problema a nivel regional, ya que menoscaba incluso los esfuerzos que llevan adelante los países vecinos para controlar el uso del mercurio en la minería en sus respectivos territorios, me parece tremendamente preocupante.
¿Precisamente por esto Bolivia es el centro de distribución?
El comercio internacional de mercurio, las importaciones de mercurio a Bolivia que están fuera de control, tanto en su volumen como por la falta de herramientas jurídicas con las que no cuenta el Estado para controlar las importaciones.
Por ejemplo, no hay una autorización específica para la importación de un cargamento de mercurio. Todo eso habla de una falta de regulación y por eso hablo de una actividad de importaciones fuera de control. Todo eso está generando una situación que no sólo afecta a Bolivia en este momento y a la generación futura, porque el mercurio no es una sustancia que simplemente se desvanece, sino que es persistente y que afecta a los países vecinos, ya que el mercurio, por sus características, es muy fácil de transportar.
¿De alguna manera se puede obligar al Estado boliviano a tomar medidas?
El derecho internacional en materia ambiental funciona de manera de alimentar y ayudar a aumentar la cooperación entre los países y la cooperación multilateral. Aquí estamos viendo un problema de magnitud global, las emisiones que genera la pequeña minería aurífera son de las más altas a nivel global, a los aires, a las aguas y es por eso que la comunidad internacional ha negociado y está poniendo mucho esfuerzo en la captación del convenio de Minamata. Esas son las herramientas con las cuales cuenta la comunidad internacional y dentro de ese marco, la cooperación internacional para hacer frente al crimen ambiental y al tráfico ilegal de sustacias prohibidas, son también herramientas que pueden ayudar a países como Bolivia para enfrentar los grandes desafíos asociados al uso y exposición al mercurio.
¿Para que eso suceda, Bolivia tiene que hacer una solicitud?
Bolivia ha tomado el importante paso de hacerse parte del Convenio de Minamata, ahora eso no es suficiente, sin duda, lo que realmente importa es la aplicación efectiva del convenio y para que eso suceda está en las manos de Bolivia solicitar la cooperación internacional para el plan de operación nacional.
¿Cómo no hay obligaciones, tampoco hay sanciones?
El derecho internacional ambiental no funciona sobre la base de sanciones, funciona sobre la base de la cooperación internacional y por ese lado los países buscan ayudarse unos a otros en solucionar problemas.
El otro problema son los países que envían el mercurio.
Por muchos años, Bolivia recibía gran parte del mercurio de parte de México. En los últimos años México ha tomado importantes medidas para empezar a afrontar el problema de extracción del mercurio desde su territorio y de la exportación. De acuerdo al Convenio de Minamata, el mercurio derivado de yacimientos mineros no puede ser utilizado para la pequeña minería aurífera y, sin embargo, aquí vemos otra contravención del convenio por las importaciones del mercurio de parte de Bolivia desde México. Los grandes suministros también en los últimos años incluyen a países como India y Rusia, lo cual no sólo da evidencia de que estamos frente a un problema global, sino que también se encuentra entrelazado con la situación de la agresión ilegal de Rusia contra Ucrania, lo cual perturba los flujos de recursos naturales.
Y uno de los delitos que deriva de la minería es la explotación sexual. ¿Conoce sobre esto?
Una de las repercusiones de las cartas que le envié a Bolivia en diciembre del año pasado es una audiencia temática que organizó la Comisión Interamericana de DDHH, esa audiencia abordó estos problema en relación con las actividades mineras. Una de las preguntas que la comisión planteó es acerca de datos desagregados, por ejemplo, de abortos espontáneos a causa del mercurio y vemos ahí otra de las falencias en términos del monitoreo que debe realizar el Estado para la salud de las personas, para poder comprender la magnitud del problema de DDHH ambiental ocasionados por el mercurio.
¿Se ha planteado la posibilidad de llegar a Bolivia para hacer un seguimiento del tema?
He recibido invitaciones y pedidos de comunidades y de organizaciones de la sociedad civil para realizar una visita oficial. Es algo que estoy contemplando, así como sigo monitoreando la evolución de este problema en Bolivia.
Quiero recalcar que el problema del mercurio y la pequeña minería no es solamente de Bolivia. Bolivia sin duda ha traído mucha atención internacional por los volúmenes de importaciones que han aumentado exponencialmente en 10 años, pero el problema existe en otros países del mundo también y la Relatoría hace un monitoreo.
HOJA DE VIDA
- Marcos A. Orellana
- Cargo Relator especial de la ONU sobre tóxicos y derechos humanos.
- Currículum Fue profesor asociado adjunto de universidades, conferencista en al menos tres continentes. Fue investigador especializado.
Página Siete
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