Ahoradigital – Juan Carlos Guedes, uno de los procesados en el denominado caso terrorismo-separatismo, denunció que la investigación iniciada durante el gobierno de Evo Morales estuvo basada, según su testimonio, en mentiras, montajes y presiones para involucrar a empresarios cruceños. Tras haber permanecido 11 años privado de libertad, afirmó que ahora busca, junto a otros afectados, que se establezcan responsabilidades de exautoridades y funcionarios que participaron en el proceso.
Durante una entrevista en el programa La Mañana en Directo de ERBOL, Guedes recordó que fue acusado de ser supuesto proveedor de armas de un grupo irregular que, de acuerdo con la acusación oficial de entonces, pretendía dividir el país. Sin embargo, aseguró que durante los 11 años que duró el proceso no se pudo demostrar la existencia de un arsenal o depósito de armas bajo su responsabilidad.
Guedes sostuvo que entre los elementos utilizados en su contra figuraban un escudo atribuido a la denominada Nación Camba, un billete de Alasita de “100 cruceños” y un antiguo himno con referencias a “las armas”. El exacusado calificó esas pruebas de insuficientes y sostuvo que fueron utilizadas para justificar su encarcelamiento. También afirmó que las únicas armas que tenía eran piezas de colección de la Segunda Guerra Mundial expuestas en su domicilio.
Denuncia presiones para involucrar a empresarios
Uno de los aspectos más delicados de su relato apunta a las presuntas presiones que, según Guedes, habrían existido durante la investigación. Señaló al exfiscal Marcelo Sosa y afirmó que se le habría planteado involucrar a empresarios cruceños, entre ellos Branko Marinkovic.
Según su versión, incluso se habría mencionado la posibilidad de colocar armas en determinadas propiedades para sustentar las acusaciones. Guedes sostuvo que esas situaciones le hicieron concluir que el proceso estaba construido sobre un supuesto montaje. Estas afirmaciones corresponden a su testimonio y forman parte de las denuncias que ahora pretende impulsar ante las instancias judiciales.
“Inventamos” que había armas debajo de un puente
Guedes relató además un episodio que, según dijo, ocurrió cuando temía ser enviado nuevamente a prisión. Afirmó que, junto con otro procesado, inventaron una versión sobre la supuesta existencia de armas escondidas debajo de un puente.
De acuerdo con su relato, los investigadores tomaron la información en serio y ambos consiguieron medidas de arresto domiciliario durante aproximadamente seis meses. Sin embargo, después de que no se encontraran las armas denunciadas, volvieron a ser enviados a prisión.
El exacusado también atribuyó un papel importante en las pesquisas al entonces mayor Johnny Aguilera, a quien identificó como director de la investigación. Guedes afirmó que él y otros funcionarios formaban parte, según su versión, de una estructura que impulsó las acusaciones dentro del caso.
Denuncia contra 153 personas
Guedes confirmó que los afectados por el caso terrorismo presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra 153 personas, entre exautoridades, policías, fiscales, jueces y otros funcionarios que, según los denunciantes, habrían tenido participación directa o indirecta en los hechos investigados.
Entre las personas mencionadas en la denuncia se encuentran el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera, además de exministros y otros funcionarios que participaron en la investigación y el proceso judicial. La acción busca establecer responsabilidades individuales por las actuaciones desarrolladas durante el caso.
Guedes señaló que los denunciantes pretenden agotar las vías legales en Bolivia y que, en caso de no encontrar respuestas en el ámbito nacional, contemplan recurrir a instancias internacionales, mencionando como una posibilidad futura acudir a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya.
El caso terrorismo-separatismo vuelve así al centro del debate judicial y político, esta vez por las denuncias de quienes fueron procesados y que ahora buscan que se investigue la actuación de autoridades y funcionarios involucrados. Las acusaciones formuladas por Guedes deberán ser verificadas dentro de las investigaciones y procesos que correspondan.
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