La Defensoría del Pueblo presentó este jueves el informe Crisis de Estado, violación de los derechos humanos en Bolivia Octubre-Diciembre 2019, que concluye que el Gobierno de Jeanine Añez cometió delitos de lesa humanidad durante los conflictos poselectorales, al incurrir en asesinatos de forma sistemática, acciones de las que resultaron 37 muertes.
“En Bolivia ha existido violación a los derechos humanos entre octubre y noviembre del año 2019. Empecemos por señalar que el Gobierno transitorio cometió delitos de lesa humanidad durante el conflicto poselectoral, ha incurrido en asesinatos en forma sistemática en contra de población civil bajo conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas bajo la actual administración gubernamental a fin de consolidarse en el poder y en actos de tortura por parte de la Policía», sostuvo la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en conferencia de prensa.
Manifestó que en el informe se concluye que en el caso de las 27 muertes de Sacaba y Senkata y los barrios de la zona Sur de La Paz, hechos en los que participó la Policía y las Fuerzas Armadas, hubo participación de particulares con el consentimiento de la institución verde olivo. El informe señala que hubo 37 fallecimientos sucedidos entre el 21 de octubre y el 24 de noviembre de 2019.
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Añadió que lo mismo ocurrió con los otros siete fallecimientos. Las dos muertes suscitadas en el norte integrado del departamento de Santa Cruz y la muerte en el municipio de Betanzos, en el departamento de Potosí, además de tres en en la zona de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa, donde se concluye que hubo intervención de agentes policiales y civiles con cascos blancos, que se aliaron para atacar a la población y apunta a que lo mismo ocurrió con la muerte ocurrida el 11 de noviembre en el municipio de Sacaba, del departamento de Cochabamba.
Sobre las otras 10 muertes ocurridas en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, entre ellas de dos efectivos policiales, un trabajador de la prensa y que se constituyen hechos de asesinato, homicidio u otras afectaciones al derecho a la vida, provocadas por personas particulares ante omisiones de brindar seguridad por parte de la Policía Boliviana.
Cruz destacó que si bien era necesario el uso de la fuerza por parte de la Policía, cuestiona haber cometido actos de tortura durante la custodia de las personas detenidas el 11 de noviembre en la zona Sur de La Paz y de El Alto.
Añadió que hasta la fecha no se ha garantizado el acceso a la justicia a las víctimas sobre las vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en las tres etapas del conflicto.
El informe concluye sobre lo expuesto que se evidenció “la existencia de elementos que pudieran configurar el delito de asesinato bajo las características de lesa humanidad, tortura, uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y otras violaciones de los derechos a la vida, integridad personal, libertad e igualdad y no discriminación” sucedidas en los conflictos poselectorales.
Sobre los actos cometidos contra Víctor Hugo Vásquez y sus familiares, Saúl Aguilar Torrico, Ester Morales Ayma, Esteban Urquizo, Omar Aguilar, Juan Carlos Cejas, Williams Cervantes, Víctor Borda y sus familiares, David Ramos, Cesar Navarro y su sobrino, Mabel Montaño, Waldo Albarracín y su familia, Casimira Lema, Mario Cronenbold, Nelson Condori y Soledad Chapetón, referidos a la toma, cerco, quema y saqueo de sus domicilios, amenazas, amedrentamiento y agresiones a ellos y sus familiares acaecidos durante el conflicto, el informe concluye que “vulneraron su derecho a la integridad personal, a la propiedad, seguridad personal y dignidad”.
Cruz manifestó que se conformaron grupos paraestatales que se arrogaron las funciones de seguridad interna que son competencia de la Policía Boliviana y que aún lo hacen.
Por lo citado, el informe establece que no existió ni existe un proceso de pacificación real en el país.
“Si bien cesaron las movilizaciones sociales y bloqueos de caminos, las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, así como la eximición de responsabilidad penal prevista en el Decreto Supremo N° 4078; la persecución a ultranza de opositores políticos; la violación sistemática de derechos humanos y el manto de impunidad sobre estas, no permitirán restablecer la paz y armonía en el Estado Plurinacional de Bolivia”.
El documento advierte además que el proceso de construcción del modelo de Estado Plurinacional esté en riesgo debido a actos de agravio como la polarización política basada en posturas radicales y conservadoras, hechos de discriminación y racismo.
Recomendaciones
Entre las determinaciones de la Defensoría, se recomienda que se siga el debido proceso para determinar las responsabilidades de los delitos mencionados en el informe.
Además insta a la Asamblea Legislativa a dictar una ley de creación de una Comisión de la Verdad independiente que investigue todos los hechos que vulneraron los derechos humanos durante el conflicto, de conformidad al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pero además aprobar una ley de reparación integral ante vulneraciones a los derechos humanos.
El informe será presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Página Siete
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