Al término del plazo de 72 horas que dieron al Gobierno para responder las demandas del cabildo, el Comité Pro Santa Cruz definió anoche mantener el paro cívico indefinido a la espera de que se apruebe una ley de censo en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Agradecieron la solidaridad de Potosí, que hizo un paro de 48 horas, y respetaron la decisión de otras regiones. Más tarde, la violencia estalló nuevamente en el Plan 3.000 con enfrentamientos entre bloqueadores y grupos antibloqueo.
“Mantenemos el paro indefinido y también quedamos en alerta a lo que ocurre en el Parlamento nacional respecto a la aprobación de la ley. Acogiéndonos a las medidas que sobre este aspecto sean asumidas de manera coordinada con el Comité Interinstitucional”, indicó Rómulo Calvo. Santa Cruz cumplió ayer 26 días de paro indefinido, que inició el 22 de octubre por el censo 2023, fecha que ya no mencionó Calvo, aunque otros como el diputado de Creemos Erwin Bazán aún citan 2023 como el gran objetivo.
Calvo ratificó que el paro indefinido continuará hasta que el Decreto Supremo 4824, que fijó la fecha del censo para el 23 de marzo de 2024, sea convertido en ley en la ALP. Hasta ayer, cinco proyectos ingresaron al Legislativo, pero el MAS rechazó tratar los anteproyectos.
El cívico destacó que hayan sido liberados 15 personas por los conflictos del viernes, pero insistió en que también deben ser liberados Arnaldo Lijerón, detenido en La Guardia, además de Rubén Mario Flores, Samuel Rojas Molina y Jaime Algarañaz, por el caso en Puerto Quijarro.
Citando a la segunda resolución del cabildo, el cívico dijo que efectivamente se conformará una comisión constitucional para revisar la futura relación de Santa Cruz con el Estado.
Saluda a Potosí
Sobre la tercera decisión, que pedía la adhesión de otras regiones a la lucha cruceña, Calvo destacó la solidaridad de Potosí, que cumplió un paro de 48 horas y respecto al resto de departamentos dijo: “Nos queda claro que sus prioridades son distintas y las respetamos. Nosotros continuaremos”.
Violencia en Plan 3.000
Dos horas después de que Calvo hablara desde su domicilio, la violencia estalló nuevamente en el Plan 3.000 entre bloqueadores procenso y grupos anticívicos. Se reportó que una bebé de 11 meses de edad fue afectado gravemente por los gases lacrimógenos y que fue llevada de urgencia a un hospital.
Los enfrentamientos se dieron a cinco cuadras del Obelisco en el Plan 3.000, donde hubo gran profusión de petardos y otros explosivos. La visibilidad era escasa en las avenidas El Mechero y La Campana, donde grupos de civiles corrían de un lado para el otro arrojando objetos y disparando petardos. No se pudo confirmar, pero se informó extraoficialmente que hubo heridos en el Plan 3.000.
Una bebé desmayado
Sobre las 23:00, llegaron al Plan 3.000 efectivos de la Policía, que utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a la gente. El contingente armó una barricada para evitar que el conflicto continúe, no obstante, los choques no cesaron.
Unos minutos después, una mujer denunció a través de las redes sociales que su hija de 11 meses de edad, que estaba en un carrito, fue afectado por los gases policiales y que tuvo que ser llevada de urgencia al hospital del Buen Samaritano.
“Ella estaba durmiendo y cayó el gas, se la llevaron al hospital. Fueron los de la UTOP los que hicieron esto”, indicó la mujer refiriéndose a la Unidad Táctica de Operaciones Policiales.
El abogado de los cívicos, Jorge Valda, informó que la familia de la niña buscaba todavía terapia intensiva para el menor. “Ahora necesita terapia intensiva neonatal y la van a llevar a otro hospital”. Hasta el cierre de esta edición, la condición de la niña era muy delicada.
“Mantenemos el paro indefinido y quedamos alerta a lo que ocurre en el Parlamento respecto a la aprobación de la ley”.
Rómulo Calvo, cívico
Página Siete
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