“Memoria, verdad y justicia” fue la consigna del gobierno de Luis Arce para prometer justicia para los familiares y víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba, pero ahora éstos denuncian que fueron utilizados con fines electorales.
También lamentan que el Gobierno haya priorizado juicios políticos contra la expresidenta Jeanine Añez y no así por las graves violaciones a los derechos humanos registrados durante su gobierno.
Añez permanece detenida hace más de un año en la cárcel de Miraflores y recientemente un juez añadió tres meses más de cárcel.
La causa principal es el llamado “golpe de Estado” que habría protagonizado contra Evo Morales en noviembre de 2019.
Los familiares y víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba llegaron el lunes hasta las puertas de la Casa Grande del Pueblo para pedir audiencia con el presidente Luis Arce pero éste no les abrió las puertas y tuvieron que pernoctar en la calle sobre el asfalto frío.
También se sacaron sangre de las venas para escribir carteles de protesta en contra el presidente Luis Arce.
Al día siguiente tampoco lograron una reunión con el Jefe de Estado y sostuvieron un encuentro con el ministro de Justicia, Iván Lima.
Oscar Saavedra, una de las víctimas de la brutal represión, lamentó que se haya priorizado los procesos en los que Evo Morales supuestamente es la víctima
“Estamos molestos, indignados, porque hasta el día de hoy no percibimos nada y queremos justicia. Los casos golpes de Estado I y II avanzan a pasos agigantados y el caso de nosotros como víctimas, los que hemos puesto el hecho a la bala el 2019 y 2020, dónde ha quedado, está quedando en la impunidad”, denunció.
El Gobierno hizo varios compromisos con las víctimas pero no concretó casi nada después de un año.
“De una vez que den vía libre a las denuncias contra militares y policías, y ministros de la supuesta presidenta Añez, la que autorizó que nos baleen en Sacaba, Senkata y Huayllani”, afirmó.
David Inca, activista de derechos humanos, lamentó que Arce no cumpla con su palabra. «El señor Presidente, el 1 de abril del año pasadom se había comprometido con las víctimas de reunirse una vez al mes, pero hasta abril de este año no nos ha convocado y debido a eso hubo esta movilización y le estamos haciendo recuerdo de sus compromisos» afirmó.
Entre esos compromisos están la creación de un fideicomiso y el tema comenzó a ser abordado ayer en la reunión con Lima. «Nos dijeron que estaría de aquí a 10 días pero hay temas pendientes como el subsidio alimentario, el tema de trabajo y la recaudación de lo que había hecho el ministerio de Culturas a 400 mil bolivianos y eso tiene que llegar a las víctimas» detalló Inca.
Esta tarde se abordarán temas de salud, vivienda y para quienes fueron torturados es la anulación de los procesos judiciales.
El fideicomiso prometido por el Gobierno consiste en un crédito del 0,5% para los afiliados a las asociaciones de víctimas pero falta un reglamento pese a que el decreto fue promulgado en diciembre del año pasado.
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