Entidades de Argentina lanzaron ayer una campaña internacional para que el Gobierno dé salvoconducto a las siete ex altas autoridades masistas, que desde hace siete meses están en la residencia de la Embajada de México en La Paz, donde llegaron para solicitar asilo luego de que Evo Morales renunciara a la presidencia el 10 de noviembre de 2019.
Se trata de cinco exministros, un exgobernador y un exdirector. La mayoría está sindicada por el caso de sedición y terrorismo, o el fraude. “No solamente se les niega el salvoconducto, sino que son objeto de una campaña sostenida de hostigamiento y amedrentamiento”, lamentó la activista Virginia Carranza.
El Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos y entidades como la Mesa de Trabajo por los DDHH de Córdoba, Colectivo Wiphala y otras impulsan la campaña con la etiqueta #LibertadParaLxs7Asiladxs.
¿Qué hicieron los siete?
Cuando el conflicto comenzaba a escalar, después de las elecciones fallidas del 20-O, Juan Ramón Quintana, entonces ministro de la Presidencia, declaró -el 30 de octubre- que Bolivia se iba a convertir en “un gran campo de batalla, un Vietnam moderno”. El 25 de noviembre, el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión en su contra por el caso de sedición y terrorismo.
Seis días después de esa declaración, el entonces ministro de Defensa Javier Zavaleta aseguró a un programa nocturno: “Estamos a un paso de contar muertos por docenas”. El 28 de enero, la Policía informó que corre una orden de aprehensión contra Zavaleta por el caso sedición y terrorismo.
Un día antes de que Morales renunciara, el 9 de noviembre, la Policía halló bombas molotov en un garaje, del otrora Ministerio de Culturas, donde se preparaban los explosivos. Por ese caso, la Fiscalía abrió una investigación en contra de Wilma Alanoca, exministra de Culturas, sobre quien pesa una orden de aprehensión.
La tercera semana de noviembre de 2019, funcionarios del Ministerio de Justicia denunciaron que fueron obligados a supuestamente “manipular” actas electorales del 20-O. Héctor Arce, exministro de Justicia, a través de Twitter, reconoció que servidores de ese despacho hicieron una verificación de actas “para constatar la participación de delegados de los partidos”. El 1 de mayo se conoció que la Fiscalía emitió una orden de aprehensión en su contra en el marco del caso fraude.
El 5 de diciembre de 2019 se conoció que el excandidato a diputado del MAS Alpacino Mojica vinculó a Óscar Serna Ponce, integrante del MRTA, con el exministro de Gobierno Hugo Moldiz y Raúl García Linera. El extranjero fue acusado de liderar actos terroristas y violentos en noviembre.
Víctor Hugo Vázquez, exgobernador de Oruro, fue acusado de gestar la emboscada a la caravana de delegaciones de Chuquisaca y Potosí que se dirigía a La Paz. El 9 de noviembre quemaron su casa.
Sobre Nicolás Laguna, exdirector de Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), pesa una orden de aprehensión en el marco del caso fraude electoral, dio a conocer la Fiscalía el 22 de noviembre de 2019.
La actual dirección de la Agetic informó el 22 de febrero que en esa entidad encontraron archivos sobre el TREP, y se evidenció, además, que se creó un software para descargar actas.
Pagina Siete
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