Transcurrieron 20 años para que el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada vuelva a dirigirse al país, y proponga “restituir la República” a través de una nueva “Constitución de todos”. Limitar los poderes políticos y crear la figura de “Primer ministro” con sede en La Paz y Sucre, la sede del Presidente.
El exmandatario que dejó el país tras la revuelta popular en 2003, reside en Estados Unidos, desde entonces nunca se había dirigido al país, sino hasta ahora. Propone una nueva carta magna que la denomina “Constitución de todos” cuyo último fin, “es garantizar el imperio de la libertad y la equidad social, en el marco de la democracia, por encima de los avatares políticos”.
Sánchez de Lozada sostiene que entiende la libertad como el fundamento y la esencia de la condición humana, la democracia como el sistema que más se ajusta a esa realidad y la equidad como el sustento de la relación con los demás. “Con estos principios en mente, pensando más en la sociedad que en el Estado”, es que planteó el nuevo texto que incorpora reformas constitucionales.
En lo político plantea una democracia representativa de carácter parlamentario “con un presidente de poder limitado”, pero este debe ser “de gran autoridad moral, atributo indispensable para que pueda ejercer con dignidad su condición de Capitán General de las Fuerzas Armadas”, quien de acuerdo a la propuesta nombraría con el asesoramiento de un “Consejo de Estado” a las principales autoridades militares, judiciales y electorales de la Nación. Concluido ese trámite –dice el documento- el Presidente no tendrá ninguna potestad sobre esas autoridades, cuya independencia es uno de los pilares del actual proyecto de Constitución.
Crea la figura de “un Primer Ministro, como corresponde a un régimen parlamentario, estará a cargo del manejo operativo del gobierno”. Señala que el Presidente tendrá como sede de sus funciones la capital de la República y el Primer Ministro la ciudad sede del gobierno. Sostiene que uno de los fundamentos es la estabilidad política y la erradicación del autoritarismo.
En la justicia propone un sistema judicial que asegure “solvencia e independencia”. “De lo que se trata es de tener un árbitro imparcial, no un cómplice ni un verdugo”. Afirma que ninguna democracia verdadera en el mundo funciona con una justicia sometida a la corrupción o al poder político o económico.
En el poder electoral sugiere “un sistema que garantice y respete la expresión libre y transparente de la voluntad popular”. En lo económico otorga un rol fundamental para la iniciativa y la creatividad de las personas, no descarta la intervención del Estado en áreas que éstas no puedan cumplir. El proyecto plantea también que la propiedad de la tierra y de los recursos naturales sea de los bolivianos y no del Estado.
“En su sentido más amplio, el proyecto aspira a hacer de Bolivia una sociedad de personas libres, que sean capaces de desplegar sus potencialidades y, al mismo tiempo, evitar que los poderes políticos y económicos tengan una gravitación desmedida. Aspira igualmente a establecer una sociedad ante todo respetuosa del medio ambiente, abierta al mundo y a las nuevas ideas y tecnologías”, precisa.
Goni en el artículo 1, define a Bolivia como “independiente y soberana, es una República unitaria que adopta para su gobierno la forma democrática representativa”. A su vez, señala que “Bolivia es un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad de derechos ante la ley y la unidad nacional en la diversidad”. Rompe con el Estado Plurinacional definido en la constitución aprobada en 2009.
ANF
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