El juicio por el paro de 36 días por el Censo queda paralizado, tras la decisión de la Justicia de admitir el recurso de inconstitucionalidad contra el delito de terrorismo, la figura penal por la que fue acusado el gobernador Luis Fernando Camacho y a otros líderes cruceños que encabezaron las protestas para que se realice el censo en Bolivia.
Martín Camacho, abogado del gobernador cruceño, manifestó que fue el juez Elmer Laura el que actuó como comisión de admisión del recurso presentado y ahora será el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el encargo de resolverlo.
Agregó que en caso de que el TCP resuelva como procedente la inconstitucionalidad del delito de terrorismo, el juicio quedaría anulado, lo que beneficiaría a todos los investigados en este proceso.
El abogado explicó que el TCP tiene 45 días para resolver el recurso de inconstitucionalidad; sin embargo, recordó que existe otro recurso que fue interpuesto por el exrector Vicente Cuellar que aún no ha sido resuelto pese a que ha pasado cerca de un año.
“Entonces, ya hay dos recursos pendientes en este proceso”, señaló Camacho.
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El 2022, Santa Cruz inició un paro indefinido exigiendo la realización del Censo. Tras 36 días de protesta, el Gobierno accedió a firmar un compromiso para la realización de este levantamiento de datos el 2024, lo que levantó las movilizaciones.
Días después, Juan Marcelo Mayta, quien ejercía domo dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto denunció a Camacho, a Cuéllar, al exdirigente cívico cruceño, Rómulo Calvo, al exvicerrector Reinerio Vargas, por supuesto terrorismo al liderar las protestas para la realización del Censo.
UNITEL
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