El Gobierno anunció ayer que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), para que se declare la inconstitucionalidad del proyecto de ley que regula los estados de excepción, y que, según el Ejecutivo, ata de manos a la Policía y Fuerzas Armadas (FFAA) ante las acciones de grupos violentos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La norma fue aprobada primero en la Cámara de Senadores la pasada semana, luego fue remitida a la Cámara de Diputados donde los legisladores la refrendaron el miércoles y ayer fue enviada a la presidenta del Estado Jeanine Añez, para que sea promulgada en un plazo de 10 días hábiles.
Ambas cámaras están controladas por el MAS. De ser rechazada, la ley será promulgada por la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional Eva Copa, afirmó el diputado Víctor Borda, ambos del MAS.
Ante este escenario, ayer los ministros de Gobierno y de Defensa Arturo Murillo y Luis Fernando López respectivamente, afirmaron que el MAS promueve la violencia otra vez en el país y en ese marco, se determinó enviar el proyecto de ley ante el TCP para solicitar que las autoridades de esta instancia declaren la inconstitucionalidad de esa norma.
“Una ley que dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana no pueden salir a las calles a defender el orden, ni pacificar el país (significa) que el MAS está en el camino de la violencia. Y al estar en ese camino, el MAS está perjudicando el camino de la salud, la cuarentena (por el coronavirus) y la reactivación económica. Ha revivido ese MAS de noviembre pasado, que salió a las calles gritando ‘¡Ahora sí, guerra civil!’”, aseguró López ayer en una conferencia en el Palacio de Gobierno
Dijo que no habrá recuperación democrática del país sin pacificación. “Por eso vamos a frenar la ley del MAS contra las Fuerzas Armadas y contra la Policía, vamos a llevar esta ley al Tribunal Constitucional, para demandar su inconstitucionalidad”, sostuvo el Ministro de Defensa, ayer en conferencia de prensa.
Señaló que esa norma pretende “maniatar toda la parte operativa” de las fuerzas del orden para generar caos y vulnerar la seguridad nacional.
El proyecto de ley consta de cinco capítulos, 25 artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria y una disposición derogatoria.
La norma define que el Ejecutivo sólo podrá declarar un estado de excepción en tres escenarios: “por conmoción interna, desastre natural y por peligro para la seguridad del Estado ante amenazas externas”.
Asimismo, el proyecto de ley señala que los infractores del estado de excepción ya no serán procesados por otros delitos y sólo serán multados con el 10% del salario mínimo nacional y, además, se prohíbe las restricciones a la libertad física.
Pagina Siete
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