El presidente Rodrigo Paz promulgó este lunes la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales, en el Palacio de Gobierno de La Paz.
El acto contó con la participación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a la cabeza de su presidente Romer Saucedo, y el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila.
La norma fue impulsada por el Órgano Judicial en busca de obtener mayores recursos para su funcionamiento, luego de haber advertido un bajo presupuesto e incluso un paro de actividades por estas circunstancias. Permitirá transferir a esta institución los fondos judiciales no reclamados en un plazo de cinco años.
Durante el acto oficial, realizado en el salón de Palacio Quemado, el presidente Paz aclaró que la nueva ley no vulnera los derechos económicos de los litigantes, sino que optimiza los tiempos administrativos.
“Era sobre estos depósitos que se quedan durante años, años, años y mediante la ley no se está violentando el derecho del que haya generado un depósito judicial, sino más bien, se está agilizando el procedimiento de devolución y aquello que no se devuelve se usa de buena manera para reforzar a nuestra justicia”, señaló el Mandatario.
Enfatizó que el dinero consolidado tendrá un destino estrictamente operativo y de infraestructura, descartando que se vaya a utilizar para el gasto corriente del Estado.
“Hoy día estos recursos no son para burocracia, no son para salarios, sino son para aquellos puntos, tres puntos que mencionó nuestro presidente del Tribunal Supremo de Justicia”, aseguró el presidente destacando el trabajo coordinado entre los distintos poderes para alcanzar esta meta.
En su discurso, también recordó los orígenes de la propuesta y agradeció el respaldo de las diferentes carteras estatales involucradas en el proceso.
“Estamos cumpliendo el esfuerzo conjunto, junto a la institucionalidad, junto a la justicia, junto a nuestro parlamento, porque sin ellos no podríamos llevar adelante estos procesos, hay que revalorizar el rol de cada institución”, manifestó.
El Mandatario reflexionó sobre el impacto profundo que tiene un sistema judicial eficiente en la salud política del país, vinculando la calidad de la justicia directamente con la estabilidad democrática de la nación. «La justicia es la medida de la democracia. Buena justicia, buena democracia. Una justicia en crisis, una democracia en crisis», remarcó.
Subrayó que la transparencia y la separación de poderes son las únicas vías para dar certidumbre a la población boliviana frente a las presiones políticas tradicionales.
“Cuanta mayor independencia, fortaleza y transparencia tenga nuestra justicia, más tranquilos estaremos los bolivianos sabiendo que no depende de la decisión política de un gobierno de turno, sino que la institucionalidad y las leyes están por encima de la voluntad de unos cuantos de querer perjudicar o desviar esa justicia”, concluyó.
Correo del Sur
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