La mayor parte del valor del oro extraído en suelo boliviano se la llevan los empresarios privados que se esconden tras cooperativas mineras para evadir el pago de impuestos y obtener millones de dólares sin registrarse. Este aspecto fue señalado por los expertos en la materia que expusieron sus hallazgos en el evento “Expansión minera en la Amazonía”, realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), en San Buenaventura, La Paz.
Algunos indígenas y habitantes de esta región del país rechazaron la minería y afirmaron que están desprotegidos frente a los grandes intereses económicos que cuentan con el respaldo del Gobierno boliviano. “No existen autoridades que luchen por nosotros. Estamos abandonados, pero aún así no vamos a permitir que nos sigan dañando”, declaró Paola Guerra, habitante de Ixiamas y representante de la Plataforma en Defensa de las Áreas Protegidas.
Pese a que la ley lo prohíbe, las cooperativas mineras realizan “contratos de prestación de servicios”, en los que se establece que los empresarios (nacionales o extranjeros) invertirán a cambio de un 70 u 80 por ciento del valor del oro extraído. “El grueso del valor del oro se lo está llevando el inversionista, no todo se queda con las cooperativas”, apuntó el investigador del Cedla, Alfredo Zaconeta.
Reportó que, en 2022, se exportaron más de 3.000 millones de dólares en oro, y se estima que más del 70 por ciento de ese valor fue a parar a los bolsillos de los privados gracias a estos “contratos”, que vulneran la norma y enajenan el oro boliviano en muchos casos a favor de empresas foráneas. “Seguimos siendo víctimas del abuso y el saqueo”, declaró Zaconeta.
Además, hay otra forma lícita en la que los privados se enriquecen con los recursos naturales de Bolivia. El Cedla demostró que los actores particulares tienen registradas más áreas de explotación que las cooperativas. Lo extraño es que el 99,6 por ciento del oro que se produce en el país figura como si hubiera sido extraído por cooperativas. Es decir que los capitales privados comercializan su producto como si fueran cooperativas para eludir así las cargas impositivas y los derechos laborales que deberían cumplir con el país y sus dependientes.
En 2015, por ejemplo, las cooperativas tenían el 53 por ciento de las concesiones auríferas en la Amazonía Norte y las privadas el restante 47 por ciento. Aún así las cooperativas producían el 99 por ciento del oro y los privados sólo un 1 por ciento, pese a que la diferencia en tenencia de concesiones no eran tan grande. La información fue difundida por el Cedla con datos de la AJAM.
Lo ocurrido en 2021 fue aún más alarmante y evidenció la evasión de obligaciones por parte de actores privados. Ese año, las cooperativas tenían sólo el 20 por ciento de las concesiones y producían el 94 por ciento del oro en el país, mientras que los privados tenían el 80 por ciento y producían un 6 por ciento. Para 2023, la incongruencia podría ser aún mayor según los datos disponibles (ver infografía).
“Los cooperativistas dicen que no se asocian con extranjeros, pero tienen estos contratos de servicios y los extranjeros se llevan hasta el 80 por ciento del valor y dejan el resto para el titular, que espera su cuota en la hamaca, pero no en las áreas de operación”, añadió la periodista experta en temas mineros Jimena Mercado.
Impacto ambiental
Galín Tola, vestido con polera verde, encorvado y piel bronceada por el sol, rompió en llanto al narrar lo sucedido en Teoponte una vez que los mineros extrajeron todo el oro que pudieron.
“Sacaron como para hacer una carretera de oro desde Teoponte hasta Caranavi o hasta La Paz, ¿pero qué queda ahora? El camino es de tierra. No tenemos agua. Del destrozo que han dejado las cooperativas algo está sacando la Alcaldía para nosotros. Había cine, había un hospital donde hacían hasta operaciones”, se detuvo Tola incapaz de proseguir porque no dejaba de llorar.
Los pobladores del norte de La Paz que asistieron al evento del Cedla mostraron su preocupación de que la realidad de municipios ultrajados y abandonados por la actividad minera, como Teoponte, se repita en sus municipios y comunidades.
“Los mineros vienen y te prometen mejor calidad de vida, trabajo, educación, salud. Nos quieren meter el dedo a la boca, y lo peor es que algunos caen”, declaró Paula Guerra, de Ixiamas.
“Nosotros necesitamos peces, plantas, árboles. Sin eso nos morimos. Los mineros prometen cosas que no existen, lo que sí existe es hambre, tristeza y desolación. Y no existen autoridades que luchen por nosotros, estamos abandonados”, añadió.El modo de vida de indígenas en esta región es drásticamente afectado por la contaminación minera. La gente se intoxica con el mercurio que ha
llegado a su alimento: los peces de río.
Los pescadores de San Buenaventura son testigos de cómo algunos de sus productos se vuelven tóxicos, como el paiche, dijo Carla Uzquiano, presidenta de la Asociación de Pescadores de San Buenaventura. “Tenemos que pararnos fuerte y decir no a la minería. Pido que puedan ser portavoces de nosotros que estamos clamando por una vida sana”, manifestó.
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