El municipio cruceño de Warnes se convertirá mañana, jueves 27 de agosto, en el centro del debate sobre el futuro inmediato del sector productivo boliviano. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) convocó a un Congreso Extraordinario en la Asociación de Ganaderos y Lecheros de Warnes, con la participación de productores cruceños y representantes de organizaciones agropecuarias de diferentes regiones del país.
Con el objetivo de limar asperezas, antes de ese encuentro, el ministro Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, inició una ronda de reuniones con sectores productivos afiliados a la CAO y adelanto que lo hará con otras instituciones productivas.
El congreso llega en un momento de creciente tensión por el abastecimiento de diésel y por el Decreto Supremo (DS) 5676, que estableció un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel, para determinados grandes consumidores, mientras mantiene en Bs 9,80 el litro para transportistas, particulares y otros usuarios.
La CAO ya anticipó que el punto central será pedir la abrogación total de la norma, similar posición tiene la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) que confirmó su asistencia y que además pide liberar la importación y comercialización de carburantes y eliminar el IVA y el IT sobre los combustibles.
La dimensión del encuentro trasciende, por tanto, la discusión sobre el precio de un litro de diésel. El sector considera que está en juego el costo de producir alimentos, la continuidad de las campañas agrícolas, la generación de empleo y la capacidad de Bolivia para mantener y aumentar sus exportaciones.
Una convocatoria que pasó de Santa Cruz al ámbito nacional
La CAO declaró estado de emergencia y decidió ampliar el congreso inicialmente pensado para el sector cruceño a una convocatoria de alcance nacional. Su presidente, Klaus Frerking, confirmó que estarán presentes las cámaras agropecuarias del país.
Entre los sectores que expresaron su rechazo al DS 5676 se encuentran los soyeros, arroceros, organizaciones cañeras y productores del Norte Integrado, además de otros sectores que cuestionan el impacto del nuevo precio del carburante.
El mapa de conflicto también incorpora a cooperativas mineras, transportistas y organizaciones campesinas. La Confederación de Choferes de Bolivia se declaró en emergencia, mientras productores de Yapacaní, San Juan y distintas zonas del norte cruceño anunciaron plazos y posibles medidas de presión.
Esto hace que Warnes pueda convertirse no solamente en un congreso sectorial, sino en el escenario donde el agro defina qué nivel de presión ejercerá sobre el Ejecutivo.
Justiniano: “diésel, dólares y certidumbre”
En medio de este escenario, el ministro Justiniano, indicó que hay tres necesidades centrales para el aparato productivo: diésel, dólares y certidumbre.
“Tener el combustible es necesario. No incentivar el mercado negro por el diferencial de precio, es un punto a tomar en cuenta”, precisó la autoridad.
Justiniano también planteó que el problema no puede analizarse únicamente desde el precio nominal del carburante. Para el Gobierno, la diferencia entre el precio subvencionado y el precio destinado a determinados consumidores puede convertirse en un incentivo para el desvío y la comercialización ilegal.
En ese sentido, la posición expresada por el ministro converge parcialmente con la preocupación de los productores: la distorsión de precios y el mercado negro se han convertido en uno de los principales problemas que deben ser corregidos.
El ministro plantea, además, que se deben eliminar las trabas que enfrenta el sector productivo y generar condiciones para que las empresas y productores bolivianos sean competitivos.
La discusión de fondo: ¿precio diferenciado o distorsión?
Aquí aparece uno de los puntos más delicados de la discusión. El Gobierno defiende el esquema diferenciado argumentando que busca reducir el desvío del combustible subvencionado. Para los productores, en cambio, la medida termina encareciendo justamente el combustible que necesitan para producir alimentos.
La CAO sostiene que el decreto no resolvió las filas en los surtidores y que el mercado negro continúa operando. Frerking incluso cuestionó que siga existiendo venta irregular de diésel a través de plataformas digitales y redes sociales.
El resultado es una paradoja: el Estado busca cerrar la brecha entre el precio subvencionado y el mercado ilegal, pero los productores consideran que la solución adoptada les trasladó a ellos parte del costo de esa distorsión.
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De ahí que la demanda de abrogación del DS 5676 sea, para el agro, el punto de partida para una negociación más amplia.
No solo diésel: el problema también son los dólares
La otra preocupación que llega a Warnes es el acceso a divisas. Para un sector que importa maquinaria, semillas, fertilizantes, agroquímicos, repuestos y otros insumos, la disponibilidad de dólares es determinante. Una mayor dificultad para acceder a divisas encarece los insumos y complica la planificación de las campañas agrícolas.
Por eso, el planteamiento de Justiniano de “diésel, dólares y certidumbre” resume una parte importante de la agenda empresarial.
El productor necesita saber cuánto costará producir, pero también si podrá conseguir combustible cuando lo necesite, si tendrá acceso a divisas para comprar insumos y si las reglas no cambiarán durante la campaña.
La incertidumbre tiene un costo económico. Puede provocar que productores reduzcan superficie sembrada, posterguen inversiones o limiten la compra de maquinaria y tecnología.
El sector productivo pide condiciones para competir
El tercer componente de la agenda es la competitividad. La CAO y Confeagro sostienen que el país necesita generar condiciones para que el productor pueda competir tanto en el mercado interno como en los mercados internacionales. En este punto aparecen otras demandas: apertura de la importación de combustibles, reducción de impuestos, reglas para las exportaciones y mecanismos que permitan compensar el incremento de costos.
Confeagro plantea, además de la abrogación del decreto, liberar la importación y comercialización de carburantes y eliminar el IVA y el IT sobre estas operaciones.
Los cañeros agregan otros problemas a la agenda, como el precio del etanol, las obligaciones pendientes por la compra de biocombustibles y la necesidad de facilitar sus exportaciones.
Esto muestra que el Congreso de Warnes puede terminar construyendo una agenda productiva mucho más amplia que la discusión sobre el diésel.
El Deber
