Ayer se aprobó tres proyectos de ley en la Cámara Alta. Las normas buscan evitar la prórroga de mandato de actuales magistrados, además de un juicio de responsabilidades.
El primer proyecto de ley busca restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188 III, 194 III, y 200 de la CPE. El segundo es de Suspensión de Plazos Procesales y Continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.
El tercer proyecto trata sobre la Modificación de la Ley N.º 044 para el Juzgamiento del presidente(a) o del vicepresidente(a), de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público, modificada por la Ley N° 612.
El primer proyecto consta de dos artículos sobre la Nulidad de Pleno Derecho, que establece: Se deja sin efecto el numeral 4 de la parte resolutiva de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, de fecha 11 de diciembre de 2023; y a la 2. Cesación de Funciones, que indica: Los Magistrados y Consejeros del TCP, TSJ, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, cesarán sus funciones el 2 de enero de 2024.
El analista político, Israel Quino, explica que el segundo proyecto de ley suspende plazos procesales “para evitar que las causas se aglomeren, de pronto que se carguen en Sucre, en materia ordinaria, revisiones y otros. Lo que prevé este proyecto es evitar que prescriban estas causas por el transcurso del tiempo”.
Es decir, al suspender los plazos procesales, las causas no prescribirán, solo demorarán en su atención y resolución, en un plazo no mayor de 180 días, que es lo que prevé un calendario electoral para convocatoria a elecciones judiciales.
Quino menciona que a nivel nacional no son más de 600 causas que anualmente conoce el Tribunal Supremo de Justicia, por lo tanto, asegura que la justicia “no colapsará”.
“En el caso particular del Tribunal Supremo de Justicia anualmente no tienen un remanente superior a las 600 causas, el año pasado solo tenían 6 causas pendientes, en materia penal tenía 99 causas pendientes en los 9 departamentos”, indica.
La norma establece que cesada sus funciones por como manda la constitución el 2 de enero, las causas no pueden no ser atendidos.
El tercer proyecto aprobado establece que “los magistrados van a poder ser procesados penalmente, se les va a poder aplicar medidas cautelares, van a tener cárcel por fallos, a partir de las imputaciones que realice el Comité de la Cámara de Diputados”.
“Son medidas de contención para evitar que se dé curso a una pretensión inconstitucional de los magistrados que han emitido un fallo que no se traduce en otra cosa que en un golpe judicial a la democracia”, menciona Quino.
Las normas pasaron a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
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