Las personas que denunciaron al exministro de Desarrollo Rural Edwin Characayo y al ex director general de Desarrollo Rural Hiper García, por una extorsión de medio millón de dólares, afirman que existen videos y audios que respaldan la demanda y que pedirán la declaración de dos funcionarios que son testigos de las reuniones previas al operativo.
De acuerdo con la declaración informativa de García, el 2 de abril, en la penúltima reunión que tuvo con los denunciantes de la extorsión, en Santa Cruz, asistió a la cita con dos funcionarios. “Era Raimundo Camacho, trabaja a contrato como consultor en el Ministerio de Desarrollo y Tierras (…) el otro era Marco Ruiz (…) es responsable del personal administrativo”, fue la respuesta que dio , confirmando las reuniones que tuvo con las víctimas.
En esa línea, allegados a los denunciantes afirmaron que pedirán que se cite a ambos funcionarios para que se corrobore que García era quien solicitaba dinero a cambio de sanear los documentos de la propiedad El Triunfo II, ubicada en el municipio de San Ramón de ese departamento.
Los propietarios de las más de 1.300 hectáreas aseguran que esos terrenos fueron correctamente adquiridos y, al contrario, desde 1997 fueron objeto de extorsiones ante la amenaza de que sean revertidos por el Gobierno, como tierras fiscales.
Negativa
Tanto en su declaración informativa como en la audiencia cautelar, García negó haber pedido dinero y, al contrario, señaló a las víctimas como quienes le exigían revisar la legalidad de los documentos de El Triunfo II, pese a que no era su competencia.
García aseguró que fueron los denunciantes quienes exigieron la reunión con el entonces ministro Characayo, la noche del 13 de abril en La Paz, cuando ambos fueron capturados en flagrancia y tenían en su posesión 20.000 dólares, que los denunciantes afirman se les exigió como adelanto del medio millón de dólares que se pedían para que se anulara una resolución de declaratoria de tierras fiscales de sus familiares.
Grabaciones
Los denunciantes de Characayo y García afirman que, ante la negativa de ambos, se tienen videos y audios de las reuniones que mantuvieron con ellos, en las que se evidencia que fue el director general quien exigía el dinero de forma ilegal.
El abogado de Characayo, César Rojas, explicó que en la audiencia cautelar, realizada el pasado jueves, ya se observó la legalidad de las transcripciones de los mensajes de texto que intercambiaron García y el exministro, sobre la reunión con las víctimas, por lo que, por el momento, no son tomadas en cuenta como indicios en el caso. Aseguró que desconoce si otros videos o audios fueron presentados de forma legal.
Por otro lado, Rojas informó ayer que se presentó una acción de libertad en contra de la jueza tercero anticorrupción, Claudia Castro, debido a que la autoridad jurisdiccional aún no envió el expediente del caso para la apelación a las medidas cautelares, en la que ambos detenidos solicitarán medidas sustitutivas como la detención domiciliaria.
Se prevé que en la misma apelación, la Fiscalía, y los ministerios de Justicia y de Desarrollo Rural pedirán que se amplíe, de cinco a seis meses el encarcelamiento de ambos. Rojas afirmó que ya se sorteó el tribunal para que se realice la acción de libertad y esperan que se fije la hora en la jornada de hoy.
La Dirección de Régimen Penitenciario reportó que recién ayer en la noche se remitió la orden de detención preventiva para ambos acusados. En este caso, Characayo debe ser trasladado al penal de Palmasola de Santa Cruz y García cumplirá la medida en la cárcel de San Pedro de La Paz.
Fuente: PÁGINA SIETE.
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