Ahoradigital – La investigación contra el exfiscal general del Estado Roger Mariaca comienza a mostrar una estructura con distintos niveles de participación dentro del Ministerio Público y la Policía. Según la imputación fiscal y los elementos difundidos por El Deber, la denominada “red Roma” habría contado con fiscales cercanos a Mariaca y un nexo policial encargado, presuntamente, de movilizar dinero.
La denominación “red Roma” surgió dentro del Ministerio Público a partir de las primeras sílabas del nombre de Roger Mariaca, quien aparece como el principal investigado en esta causa. La imputación describe una estructura que habría ofrecido supuesta protección institucional e información anticipada sobre operativos a organizaciones vinculadas con el narcotráfico.
Mariaca, señalado como cabeza de la estructura
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, Mariaca habría tenido capacidad de influencia desde sus cargos como fiscal departamental de Santa Cruz y posteriormente fiscal general del Estado, posiciones desde las que habría podido intervenir en investigaciones sensibles y designar funcionarios de confianza.
El Ministerio Público sostiene que esa estructura habría proporcionado a Sebastián Marset información anticipada sobre operativos y protección institucional a cambio de pagos que, según la imputación, podían alcanzar los US$500.000 mensuales. Este extremo se basa, entre otros elementos, en declaraciones atribuidas al propio Marset y todavía debe ser corroborado durante la investigación.
Zeballos e Irusta, los fiscales de confianza
Uno de los nombres que aparece en la investigación es el de Alberto Zeballos, quien sucedió a Mariaca en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz en 2024.
Según la imputación, Mariaca posteriormente lo colocó al frente de una comisión especial encargada de revisar procesos relacionados con Marset. La investigación le atribuye un supuesto papel de protección desde la Fiscalía cruceña.
También está Martín Daniel Irusta, designado como fiscal superior en febrero de 2026. La Fiscalía cuestiona esa designación porque, según la imputación, se habría realizado sin convocatoria y sostiene que Irusta terminó interviniendo en causas y actividades que no correspondían a sus funciones.
El caso de Irusta también es investigado por un supuesto intento de retirar documentación y expedientes de la Fiscalía General en Sucre. Ese extremo forma parte de la investigación y deberá ser establecido mediante las diligencias correspondientes.
El nexo policial
Fuera del Ministerio Público aparece el mayor Rubén Aparicio, a quien el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló como un supuesto intermediario para movilizar dinero destinado a sobornos y como vínculo entre Marset y funcionarios.
La imputación lo ubica como un presunto “brazo de protección policial” e intermediario para conectar al narcotraficante con otras personas investigadas. Estos son señalamientos de la investigación y no una determinación judicial de responsabilidad.
La Fiscalía sostiene que Aparicio habría tenido un papel distinto al de los funcionarios del Ministerio Público: servir como enlace y facilitar determinadas operaciones de la presunta estructura.
La investigación puede ampliarse
El ministro Oviedo afirmó además que las pesquisas detectaron posibles conexiones con sectores financieros, inmobiliarios y otros policías, por lo que no se descarta que el caso pueda involucrar a más personas.
Los cuatro principales investigados —Mariaca, Zeballos, Irusta y Aparicio— fueron enviados a detención preventiva por seis meses en distintos centros penitenciarios del país. La Fiscalía explicó que entre los elementos presentados ante el juez existen sumas de dinero, celulares de alta gama, documentos, informes de inteligencia y reportes de patrullaje cibernético.
La investigación busca establecer ahora el grado de participación individual de cada uno y determinar si los elementos reunidos permiten demostrar los vínculos que sostiene la Fiscalía.
Mariaca rechaza las acusaciones. Su abogado, Jerjes Justiniano, cuestionó la interpretación de las evidencias y sostuvo que debe demostrarse si el dinero y los demás elementos encontrados tienen relación con algún ilícito.
El caso continúa en etapa investigativa y todos los acusados mantienen su derecho a la defensa y la presunción de inocencia.
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