La portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Liz Throssell, señaló, respecto del informe del GIEI, sobre la crisis postelectoral de Bolivia en 2019, que debe ser utilizado de forma imparcial para contribuir al diálogo y a reducir las tensiones en el país.
“Es vital que la documentación de las violaciones de derechos humanos que aparece en el informe, producto de ocho meses de riguroso trabajo, sea utilizada de forma constructiva e imparcial, para promover el diálogo entre el pueblo boliviano y reducir la polarización y las tensiones políticas persistentes”, se lee en el comunicado de la organización.
El martes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe en el que concluyó que lo ocurrido durante la crisis política de 2019, “involucra la responsabilidad del Estado” en las graves violaciones de derechos humanos cometidos entre septiembre y diciembre de 2019, periodo en el que Evo Morales y Jeanine Áñez estaban al mando del país. Los hechos dejaron al menos 37 muertos.
Estableció que se cometió masacre en Sacaba en el departamento de Cochabamba y Senkata en la ciudad de El Alto. El informe «no contempla si hubo golpe o fraude electoral».
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Bolivia se mantiene dividida entre las versiones de fraude electoral y golpe de Estado. El Gobierno nacional, junto al Ministerio Público, inició una persecución política a los exfuncionarios del gobierno de Jeanine Áñez sin respetar el debido proceso ni las garantías constitucionales, según da fe el mismo informe del GIEI, que realiza un agudo cuestionamiento a la justicia boliviana.
“Acogemos el informe presentado esta semana por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que concluye que en el Estado Plurinacional de Bolivia se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, incluido el uso sistemático de tortura, ejecuciones sumarias y violencia sexual y de género, durante la crisis postelectoral de 2019”, se lee en el comunicado de la vocera de la ACNUDH.
El Alto Comisionado remarca que el informe del GIEI debe fortalecer los esfuerzos para llevar adelante investigaciones independientes, promover la justicia y la reparación integral de las víctimas, esclarecer la verdad y prevenir nuevas violaciones de derechos humanos en Bolivia.
“Las recomendaciones de este informe (del GIEI), junto con las del ACNUDH, constituyen una hoja de ruta para abordar los desafíos estructurales en Bolivia, incluidos el racismo y la interferencia política en el sistema judicial, y para fortalecer el estado de derecho y la democracia”, agrega.
El ACNUDH saludó el compromiso expresado por el Presidente Luis Arce, de implementar el informe del GIEI e instó a las autoridades a establecer prontamente un mecanismo que garantice que estas recomendaciones “se traduzcan en medidas concretas, tanto a mediano como a largo plazo”.
El GIEI Bolivia fue integrado por cinco personas expertas de alto nivel técnico profesional y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos: Juan Méndez, Julián Burger, Magdalena Correa, Marlon Weichert y Patricia Tappatá.
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