Martín Camacho, abogado del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, confirmó a EL DEBER que el juzgado de instrucción de turno dispuso como sentencia constitucional, la orden de traslado de la autoridad departamental para que esté presente en su juicio oral en Santa Cruz.
«Hoy desde La Paz se dispuso que se cumpla con la orden de traslado del gobernador para que se presente de manera presencial el día 25 de julio en el juicio por el caso denominado decretazo”, informó el abogado Camacho.
El fallo constitucional que da la orden de traslado del gobernador Camacho a Santa Cruz es el resultado de una Acción de Libertad que presentó la defensa de la autoridad en La Paz, tras 14 órdenes judiciales incumplidas por la Dirección de Régimen Penitenciario desde hace un año y siete meses.
“Se han negado 14 veces desde el 31 de enero de 2024, es decir, se ha suspendido 14 veces la audiencia de juicio oral dentro del denominado caso ‘decretazo’. Esto pasa justamente por el incumplimiento del director del Centro Penitenciario de Chonchocoro que es el único obligado por la Ley 2298, a cumplir con el traslado de los privados de libertad”, explicó Camacho.
Este recurso fue presentado en una audiencia en junio cuando Régimen Penitenciario ya no presentó ninguna excusa para evitar el traslado de Camacho y se dispuso la compra de pasajes en avión para llevar a la autoridad hasta la capital cruceña, pero “la directora departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, Mariana García, le negó la compra de pasajes, indicando que no se tenía los recursos económicos, había bloqueos de caminos y no tenían combustible”.
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En caso de que esta vez, el Gobierno no cumpla este fallo constitucional, la acción es factible a la “comisión de un hecho delictivo”, que además del incumplimiento de deberes, supondría “la desobediencia a resoluciones constitucionales”.
Y como desde enero de 2024, por 14 veces se suspendió la audiencia oral, el caso ‘decretazo’ está estancado, porque el Tribunal a cargo del caso, dispuso que se realicen audiencias presenciales, pero el Gobierno de Luis Arce a través de los ministerios de Justicia y Gobierno, además de la Procuraduría General del Estado, mediante “chicanerías”, según el abogado defensor, buscaron que el juzgado determine que las audiencias del caso ‘decretazo’, sean virtuales.
El abogado Camacho prevé el traslado de la autoridad en la fecha establecida con el objeto de que avance el juicio en este caso para lo cual el Gobernador “tendría que permanecer en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz durante la tramitación del juicio”.
Caso «Decretazo” y otros procesos
El caso «Decretazo» se refiere a la aprobación presuntamente irregular del Decreto Departamental 373 en 2022.
Camacho está acusado de emitir resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, al delegar sus funciones al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, en lugar del vicegobernador Mario Aguilera, antes de un viaje a Brasil en marzo de 2022.
Pero este no es el único proceso que enfrenta la autoridad.
Luis Fernando Camacho fue aprehendido el 28 de diciembre de 2022, en un fuerte operativo policial que realizó el entonces ministro de Gobierno y actual candidato a la presidencia por el MAS, Eduardo Del Castillo, en Santa Cruz.
Esa misma jornada fue trasladado a La Paz y enviado a la cárcel de Chonchocoro con detención preventiva, por el caso ‘golpe de Estado I”. En este proceso ya se concluyó la etapa probatoria y de argumentación. “Solo faltan los alegatos en conclusiones y la sentencia”.
El caso ‘Decretazo’ está en la etapa de juicio sin que hasta la fecha se pueda realizar una audiencia presencial con 14 suspensiones.
El tercer proceso contra el Gobernador cruceño es el caso de ‘carro bombero’, en el que se investiga la presunta adquisición irregular de un carro bombero por parte de la Gobernación de Santa Cruz, por un valor de Bs 1.730.000, y que no habría cumplido con los requisitos técnicos exigidos por la Policía Boliviana.
“De igual manera, no se ha instalado ninguna audiencia de juicio oral por una serie de ausencias y negligencias de parte de los denunciantes”, explicó Camacho.
El otro proceso contra Camacho es por el paro cívico de los 36 días en Santa Cruz en 2019. “Se tiene presente la acusación, sin embargo, no se ha remitido al tribunal porque están pendientes de resolver algunos incidentes y excepciones”.
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El Deber
