La diputada de la alianza Libre, Lissa Claros, afirmó que el argentino Fernando Cerimedo tenía un nivel de influencia que superaba el rol de un asesor comunicacional del Gobierno. Relató que una llamada del argentino permitió destrabar un conflicto por combustible en el norte de Potosí.
La legisladora hizo la revelación durante una entrevista en el programa Piedra, Papel y Tinta de La Razón. Según su relato, el hecho ocurrió antes de los 52 días de conflicto registrados en el país por la escasez de carburantes y otras demandas.
Claros explicó que, durante un conflicto por combustible en el norte de Potosí, recibió pedidos para intervenir ante el riesgo de bloqueos. Por ello, viajó a La Paz para gestionar una solución con las autoridades.
Lissa Claros
“Vengo aquí a La Paz y nadie me daba solución. Llamo a YPFB, pido cartas, nadie. La gente estaba aquí esperando”, relató.
La diputada señaló que, después de varias gestiones infructuosas, advirtió que denunciaría públicamente la falta de atención al problema. Poco después recibió una llamada de Cerimedo.
“Me llama y me dice: ‘Yo soy el asesor del Presidente, yo tomo las decisiones. No se preocupe, esto se va a solucionar, le van a llamar enseguida’”, contó.
Según Claros, entre cinco y 10 minutos después recibió una llamada de instancias de YPFB. Al día siguiente se concretó una reunión y, posteriormente, se solucionó el conflicto.
Fernando Cerimedo
La legisladora consideró que ese episodio permite cuestionar la versión oficial que presentaba a Cerimedo únicamente como asesor comunicacional del presidente Rodrigo Paz.
“Entonces yo ahí es cuando ahora pienso y digo: realmente parece ser que tomaba decisiones”, afirmó.
Claros sostuvo que el caso requiere esclarecer qué funciones cumplía Cerimedo, bajo qué modalidad trabajaba y quién financiaba sus actividades en Bolivia.
“¿Tendrá que existir un contrato de asesor de comunicación?”, cuestionó la diputada, al plantear que también debe verificarse la situación migratoria y profesional del ciudadano argentino.
Investigación
La diputada consideró que las investigaciones sobre Cerimedo deben establecer su estatus en el país, sus fuentes de ingresos y el origen de las remesas que habría recibido desde el exterior.
“Lo primero que tenemos que determinar para desenmarañar esto es cuál era el estatus que tenía el señor, de dónde cobraba, quién le pagaba”, sostuvo.
Claros también mencionó los elementos que, según las investigaciones, fueron secuestrados durante los operativos realizados contra Cerimedo. Entre ellos, destacó el contenido de su teléfono celular y las remesas vinculadas a inmuebles.
A su juicio, esos elementos pueden ayudar a establecer el alcance de las actividades del ciudadano argentino y sus eventuales vínculos con funcionarios o personas con poder de decisión.
Investigación
“Creo que se debe investigar y, en manos de quién ha estado Bolivia, eso es lo más preocupante”, afirmó.
La diputada relacionó además la influencia atribuida a Cerimedo con la gestión de los conflictos sociales registrados durante los primeros meses del Gobierno. En particular, cuestionó que problemas vinculados con el abastecimiento de combustible no hubieran recibido una solución oportuna.
“Los 52 días de conflicto se podían haber evitado fácilmente. No era muy complicado evitar”, sostuvo.
Protestas
Claros también cuestionó las declaraciones atribuidas a Cerimedo sobre las protestas sociales y defendió las demandas de las regiones afectadas por la falta de servicios o combustible.
“No voy a permitir que un extranjero venga y ofenda a mi gente, ofenda a las personas que están haciendo una reivindicación legítima”, afirmó.
La diputada consideró que las investigaciones deben determinar si Cerimedo tuvo una participación real en decisiones gubernamentales y cuál fue el alcance de su relación con el Ejecutivo.
La Razón






