La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados inició este miércoles el análisis del juicio de responsabilidades contra los exmagistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), acusados por los presuntos delitos de usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado.
El diputado Santiago Ticona (Libre) informó que la Comisión de Justicia Plural remitió la proposición acusatoria contra estas exautoridades, aunque expresó que, a su criterio personal, los involucrados deberían enfrentar un proceso en la vía ordinaria.
“Hemos sido convocados para tratar el juicio de responsabilidades que se les está iniciando a los autoprorrogados. Vamos a recibir un informe de la Secretaría Técnica y, en función de ello, emitiremos los informes correspondientes”, señaló el legislador.
En noviembre de 2025, cinco magistrados prorrogados del TCP decidieron poner fin a su mandato y anunciaron su salida en un plazo de 10 días; sin embargo, dos salas constitucionales —una en Potosí y otra en Santa Cruz— ordenaron su cese inmediato.
Los magistrados autoprorrogados que dejaron el cargo fueron Miguel Hurtado, René Yván Espada, Isidora Jiménez, Julia Cornejo y Karem Gallardo, todos del TCP. A ellos se suman los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Ricardo Torres y Carlos Alberto Egüez.
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El mandato legal de seis años de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del TCP finalizó el 31 de diciembre de 2023; sin embargo, debido a que no se realizaron las elecciones judiciales en esa gestión, los siete magistrados del TCP y TSJ decidieron su “autoprorroga”.
Respecto al procedimiento, Ticona explicó que el trámite del juicio de responsabilidades inicia en la Comisión de Justicia Plural y luego pasa a la Comisión de Constitución como instancia de análisis jurisdiccional.
“Hoy vamos a conocer formalmente quiénes están comprendidos en este proceso, aunque de manera general sabemos que se trata de los autoprorrogados, y vamos a emitir un criterio. Desde nuestro punto de vista, estas exautoridades no merecen un juicio de responsabilidades, sino un proceso ordinario”, afirmó.
El diputado sostuvo que los hechos atribuidos habrían sido cometidos fuera del ejercicio de sus funciones, por lo que correspondería un juicio ordinario. No obstante, aclaró que esa postura es personal y que la Comisión escuchará a sus colegas y evaluará el informe técnico antes de asumir una posición institucional.
LR
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