Tras haber sido cesados de sus funciones, los magistrados cesados Yvan Espada y Karem Gallardo presentaron sus renuncias irrevocables al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y denunciaron haber recibido presiones políticas de actores que buscan tomar el control de la institución.
“Estamos seguros de que las decisiones que tomamos para frenar la reelección indefinida, el intento de suspender las elecciones nacionales, la toma del poder judicial y la garantía del sistema democrático marcarán hitos históricos en la defensa de la justicia constitucional”, señaló Espada en su carta de renuncia dirigida al vicepresidente Edmand Lara, con fecha de recibido del 26 de noviembre.
El exmagistrado sostuvo que “siempre” la política ha buscado controlar la justicia y someterla para alterar el equilibrio de poderes. Afirmó que durante mucho tiempo los miembros del TCP fueron blanco de ataques sistemáticos motivados por “intereses políticos y de poder”.
“Evidentemente, la política siempre quiso tomar el Tribunal Constitucional Plurinacional. Por eso los anteriores miembros de la Asamblea Legislativa llevaron adelante un escandaloso proceso de preselección de candidatos, donde todo el país vio todo tipo de manipulaciones destinadas a que los políticos impongan a sus postulantes”, afirmó.
Espada argumentó que, para evitar que la elección judicial quedara “totalmente trunca”, el TCP realizó esfuerzos interpretativos para viabilizarla, siempre en “estricto cumplimiento del texto constitucional”. Señaló que, ante los vicios de nulidad denunciados, ciertos actores políticos pretendían que el TCP quedara acéfalo para impulsar decisiones que los favorecieran. “A los magistrados del TCP nos presionaron, amenazaron y persiguieron, incluso a nivel familiar”, denunció.
Por su parte, Gallardo afirmó que estos años se desarrolló “una gestión dura y difícil”, marcada por casos complejos que colocaron al TCP “en el ojo de la tormenta”. Subrayó que el tribunal brindó certeza jurídica en asuntos institucionales sensibles, como la reelección presidencial y el respaldo a la realización de las últimas elecciones nacionales.
También destacó las innumerables sentencias constitucionales emitidas en resguardo de personas en situación de vulnerabilidad. “Aun cuando hoy ya está claramente establecido el cese de nuestros cargos, lamentablemente continúan los ataques”, añadió.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí determinó el cese inmediato de los cinco magistrados “autoprorrogados” del TPC.
Paralelamente, se conoció de otra acción popular resuelta en la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, donde se determinó la prohibición de ingreso de los cinco magistrados “autoprorrogados” a las instalaciones del TCP y el cese de sus funciones.
La Razón
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