El procurador general del Estado, Cesar Siles, informó este miércoles que esa institución interviene en 529 procesos judiciales en todo el territorio nacional.
«Esta es la cantidad de procesos judiciales que tenemos en intervención (…). Son 529 procesos que tenemos a nivel nacional. Hacemos la distribución por dirección general y por direcciones departamentales, donde el mayor número de causas tenemos en Santa Cruz, 112, y el menor número de causas, 15, en el departamento de Pando», informó en conferencia de prensa.
La Dirección General de la Procuraduría intervendría en 86 procesos judiciales, la dirección departamental de La Paz en 96, Cochabamba 43, Santa Cruz 112, Potosí 24, Beni 26, Pando 15, Chuquisaca 41, Tarija 51 y Oruro 35.
La intervención -explicó Siles- es un mecanismo que la ley le faculta a la Procuraduría para ser parte de los procesos judiciales, catalogando los diferentes criterios, ya sea por cuantía, relevancia social u otro. En tanto, mediante la supervisión, se hace un seguimiento de los procesos judiciales a cargo de otras unidades jurídicas del sector público.
«En esta gestión queremos priorizar la supervisión sobre la intervención, porque queremos convertir a las unidades jurídicas en unidades de defensa legal del Estado, en brazos operativos de la Procuraduría para defender los intereses del Estado», señaló.
Explicó que, según materia, la mayor cantidad de procesos están en el área penal con 341, civiles 83, coactivos fiscales 31, contencioso administrativo 50, acciones constitucionales 4, entre otros.
«La balanza se inclina al área penal, cuando en realidad en ninguna parte de la Constitución ni de la ley de creación de la Procuraduría únicamente se habla de la defensa penal de los intereses del Estado. En esta gestión queremos al menos equilibrar esta distribución de causas», manifestó.
Tras un análisis de la pertinencia de la intervención de cada dirección departamental, se recomendó que al menos 346 causas continúen en el mecanismo de intervención. Sin embargo, existen otros 181 que deberían ser supervisados con un «control estricto».
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