Horas después de plantear la toma de una planta eléctrica en el trópico como medida de protesta por los apagones en la región, el expresidente Evo Morales justificó su postura y señaló que se criminaliza el derecho a la protesta.
Morales hizo un repaso de las afectaciones que dejan los cortes del servicio de energía eléctrica en su bastión, donde permanece desde hace meses resguarado por sus seguidores que rechazan una orden de aprehensión emitida en contra del exmandatario.
Evo destacó la vocación productiva de la región y dijo que el Gobierno no “ofrece soluciones”.
“Somos una región productiva y exigimos que nuestros derechos sean respetados, sin discriminación y sin exclusiones”, señaló el líder de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba en un mensaje publicado en sus cuentas de redes sociales.
El lunes, en una concentración que tuvo lugar en Shinahota, Morales planteó la toma de una de las plantas de generación de energía y dijo que en el trópico existen los profesionales necesarios para su administración.
“Si nos cortan otra vez, nos movilizamos, tomamos una (planta de energía eléctrica) y la administramos para que nunca nos falte energía”, señaló Morales, el lunes.
Sus palabras fueron cuestionadas por el Gobierno. El vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, indicó que “el amenazar con tomar plantas, cortar el agua es criminal”.
“Tenemos que ser claros, no podemos seguir socapando, amenazas, ni comportamientos criminales justificados bajo el manto político, reivindicación o lo que fuese”, señaló Gálvez.
Cortes
En el mensaje que publicó este martes, el expresidente aseguró que “en los últimos días, el Trópico de Cochabamba acumuló más de 30 horas sin energía eléctrica” por los cortes que se registraron en la región.
“Hospitales perdieron medicamentos por falta de refrigeración; familias vieron arruinados sus alimentos, como carne, yogur y leche, productos esenciales para la alimentación de los niños; pequeños industriales también tuvieron pérdidas. Muchas personas sufrieron daños en sus electrodomésticos”, señaló.
“Los comerciantes fueron gravemente afectados. Carniceros y otros pequeños productores perdieron su capital debido a la falta de refrigeración”, añadió.
Pero además aseguró que “familias enteras quedaron incomunicadas y sin acceso a recursos económicos por la paralización de bancos y cajeros automáticos, mientras el Gobierno no ofrece soluciones y responde únicamente con amenazas y criminalización”.
“En esta región vivimos más de 259 mil personas y generamos más de 1.100 MW de energía, aunque apenas consumimos 25 MW. Ante esta realidad, surge una pregunta: ¿qué es realmente criminal, protestar o privar de servicios básicos a toda una región?”, cuestionó.
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