El ministro de Justicia, Iván Lima, informó ayer que el presidente Luis Arce derogará parcialmente el decreto de amnistía e indulto para los “perseguidos” políticos en el gobierno de Jeanine Áñez, después de ser observado por el GIEI en su informe sobre la crisis de 2019 en Bolivia.
El Decreto Supremo 4461, que blindó a personas afines al MAS de procesos por la violencia de 2019, fue cuestionado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, porque podría proteger a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos.
El Ministro explicó a los medios estatales que el decreto será derogado en las partes que recomendó el GIEI, no todo. Anunció que prevé que esta semana se envíe una propuesta a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El GIEI observó el decreto de amnistía e indulto porque “puede interferir negativamente en la obtención de la verdad y la promoción de la justicia”.
Además, expuso en su informe: “Un perpetrado de graves violaciones de los derechos humanos puede ser sometido a un proceso que vulnere sus garantías constitucionales. Según la redacción del Decreto Supremo, dicho perpetrador estaría ahora potencialmente protegido por la amnistía”.
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El presidente Luis Arce comunicó su decisión de derogar el decreto el día que recibió el informe del GIEI, pero ayer el Ministro explicó que no será del todo, sólo en lo que recomendó el documento.
La mayoría de legisladores del MAS aprobó el decreto en febrero pasado para beneficiar a unas mil personas procesadas durante el gobierno de Jeanine Áñez. Entonces, la oposición cuestionó el favorecimiento hacia el expresidente Evo Morales y sus colaboradores por su participación en la crisis de 2019, en medio de la denuncia de fraude electoral.
EL SEDDAVI HARÁ CENSO DE VÍCTIMAS
El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) prepara el censo de víctimas de los hechos de violencia y masacres de 2019.
El ministro de Justicia expresó que el Sepdavi brinda asistencia a personas de escasos recursos.
El GIEI recomendó trabajar en la reparación de las víctimas de la violencia y masacres de 2019. En tanto, identificó a 38 fallecidos, parte en lHuayllani en Sacaba y otra en Senkata en El Alto.
El ministro Lima afirmó que los 38 bolivianos que perdieron la vida en 2019 “son una razón de Estado para el presidente Luis Arce”. De acuerdo al censo para identificar a más afectados se hará la reparación integral.
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