La fundación de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch expresó este viernes su “preocupación” por las acusaciones que han recibido periodistas y otros profesionales que trabajaron en la red BTV durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez.
“Nos preocupan las imputaciones contra periodistas y otras personas que trabajaron en el canal estatal Bolivia TV durante el gobierno de la presidenta interina Jeanine Añez”, dijo a Brújula Digital el investigador de la HRW para América Latina, César Muñoz.
Muñoz señaló que “las autoridades pueden y deben investigar todo indicio de delito. Pero esos procesos deben siempre respetar los principios del debido proceso. Uno de esos principios clave es la ‘proporcionalidad entre la acusación y las conductas alegadas’”.
El representante de la HRW recordó que en uno de los casos, la Fiscalía busca una condena de hasta 10 años de prisión por un contrato en que a una persona se le pagó más de lo que era supuestamente permitido. “Parece excesivo recurrir a la vía penal y demandar una pena de 10 años por alegaciones sobre los términos de ese contrato”, añadió.
Muñoz comentó de esa manera las acusaciones realizadas contra los periodistas Andrés Rojas, Adriana G., Pablo Llano, Gonzalo Rivera y Shirley Gutiérrez y el politólogo Diego Ayo, quienes trabajaron en BTV el año 2020.
Todos los casos se basan al supuesto delito de haber pagado montos excesivos a ciertas personas, pero éstos en realidad estaban en el marco de los precios de mercado, para lo cual los fiscales han usado la figura de “incumplimiento de deberes”.
Al respecto, la HRW dijo que “le preocupa” el empleo “del tipo penal de incumplimiento de deberes, que está definido de una manera amplia en la legislación y ha sido usado de manera arbitraria, como ha documentado el GIEI y Human Rights Watch”.
Uno de los acusados, Diego Ayo, dijo a Brújula Digital que “un tema administrativo” está siendo convertido por el gobierno “en acusación penal, con hasta 10 años de cárcel. La desproporción y la falta de sustento demuestran que esta es una acusación política”.
Expresó que los operadores de justicia son los “verdugos” de un gobierno autoritario como el que encabeza el MAS.
Las asociaciones de periodistas se solidarizaron con todos los sindicados y con el resto del personal administrativo que procesó los contratos, y que también son juzgados penalmente.
En el comunicado, las asociaciones de periodistas “consideran desproporcionada y fuera de norma la acusación por la firma de un contrato, que debe ser tramitado por la vía administrativa pero que sin embargo la Fiscalía interpreta como un acto lesivo al Estado, tipificado como un delito sancionado con cinco a 10 años de cárcel”.
Las entidades creen que “detrás de esta acusación se esconde la intención del Gobierno de convertir una falta administrativa en un delito penal para acusar a periodistas no por las funciones que cumplieron sino por razones políticas” y por ello demandan “el cese del acoso judicial contra los periodistas que lo único que hicieron fue ponerse al servicio de un medio estatal en un momento de aguda crisis democrática en el país”.
Brújula Digital
