Ahoradigital – Las declaraciones del presidente Rodrigo Paz en Estados Unidos, donde afirmó que la población boliviana “ha aceptado” el levantamiento de la subvención al diésel, provocaron una nueva reacción de sectores sociales que rechazan esa interpretación.
Paz sostuvo en Nueva York que la población aceptó el cambio “no porque esté feliz con el presidente”, sino porque considera que la medida era necesaria. También aseguró que, después del incremento, desaparecieron las filas en los surtidores y afirmó que el 45% de los vehículos que permanecían en esas colas destinaban el combustible al contrabando.
Sin embargo, dirigentes de distintos sectores cuestionaron esas afirmaciones y señalaron que no existió un consenso para aceptar la eliminación de la subvención.
El secretario de la comisión política de la CSUTCB, Lucio Marca, afirmó que las organizaciones campesinas están molestas por el incremento del costo de vida y cuestionó que el Decreto Supremo 5716 no haya sido socializado antes de su promulgación.
“Las organizaciones sociales están molestas porque está subiendo el costo de la canasta familiar”, señaló Marca, según la ANF. El dirigente indicó además que se analiza convocar a un ampliado nacional para definir posibles medidas de presión.
La Central Obrera Boliviana también mantiene su rechazo a la eliminación de la subvención. La organización había advertido que el incremento del precio del diésel tendría efectos sobre el costo de la canasta básica y convocó a sus organizaciones para definir acciones.
El cuestionamiento se produce mientras el Gobierno defiende el DS 5716, que eliminó la subvención y estableció un precio de Bs 17,95 por litro de diésel, frente a los Bs 9,80 que regían anteriormente. El Ejecutivo argumenta que la medida busca reducir el gasto estatal, combatir el contrabando y garantizar el abastecimiento.
De esta manera, mientras Paz presenta el levantamiento de la subvención como una decisión que la población terminó aceptando por necesidad, sectores sociales sostienen que existe rechazo y que el impacto del nuevo precio ya se refleja en el costo de vida.
El debate vuelve a colocar al diésel en el centro de la agenda política y social del país, con el Gobierno defendiendo la medida y organizaciones que analizan nuevas acciones para exigir su revisión.
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