Pese a que las cuatro proposiciones acusatorias de la Fiscalía General del Estado contra Jeanine Añez se encuentran en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el juez Marco Antonio Amaru del juzgado primero de Instrucción en lo Penal de El Alto determinó que la exmandataria sea juzgada por la vía ordinaria en el caso Senkata.
“El juez Amaru se ha declarado competente para juzgar por la vía ordinaria a la exmandataria. En efecto esta determinación está incumpliendo lo establecido en cuanto a reglas de competencia dentro de un proceso penal. Primero incumple e irrespeta la Constitución, irrespeta una ley en específico la Ley 044, además de otros elementos a raíz de la competencia”, manifestó el abogado de Añez, Luis Guillén.
El 2019 en la zona de Senkata de El Alto, las fuerzas Armadas y la Policía intervinieron un cerco vecinal en la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ocasionando la muerte de al menos 10 personas y decenas de heridos, por lo que el actual Gobierno responsabiliza a la exmandataria.
“Lamentablemente la resolución no tiene fundamentación en cuanto a la facultad del juez Amaru, tampoco responde si le corresponde un juicio de responsabilidades, sino que en efecto lo dispone directamente (la vía ordinaria) de forma arbitraria”.
En el desarrollo de la audiencia Alain De Canedo, defensa de la exmandataria, alegó que ocho personas que firman el memorial de inhibitoria no figuraban como familiares de las víctimas, por lo que se estaría cometiendo una irregularidad.
Entre ellas se encuentra María Quispe, Melisa Ruiz, Ema Sarmiento, Rubén Hidalgo, Milton Lima, Josué Cano, Vladimir Huarachi y una señora de apellido Choque, además que solo María Cusi y Eustaquia Ticona, acreditan ser víctimas.
“Estamos aquí frente a personas que no acreditan calidad de familiar o de víctima y otros que ni siquiera forman parte del apersonamiento y firman ocho que no son parte, no acreditan su calidad de víctimas, ¿Quiénes firman este memorial de inhibitoria?, pido se enmiende”, dijo Canedo.
Mientras Alberto Navia del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), alego que el memorial presentado por inhibitoria señala que son varias víctimas por los hechos ocurridos en Senkata del 2019, que indica el parentesco que tienen con los heridos o fallecidos.
“Conforme a lo que usted podrá evidenciar cuando se interpuso la excepción de incompetencia por inhibitoria son varias las víctimas apersonadas lo cual de manera clara y precisa se señala cuál es su parentesco con los fallecidos o heridos, asimismo, las víctimas hoy se encuentran en sala si es que su autoridad desea podrá dar uso de la palabra para que digan el parentesco que tienen”, aclaró Navia.
Entre tanto, la senadora Andrea Barrientos afirmó que corresponde un juicio de responsabilidades a la exmandataria a cargo de la Asamblea Legislativa, el que no avanzó porque asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS), pusieron los procesos en pausa por voluntad propia.
“El proceso de Senkata fue presentado por la Fiscalía ante la Asamblea hace dos años y se quedó en pausa por voluntad de asambleístas del Movimiento al Socialismo. En mi calidad de senadora estamos plenamente facultados para defender las atribuciones que tiene la Asamblea y no necesitamos ser presidente de Comisión ni presidente de Cámara para hacer uso de funciones”, detalló Barrientos.
Navia respondió a la legisladora indicando que solo la comisión de Justicia Plural de la Cámara de Senadores o de Diputados pueden apersonarse al proceso.
“La Cámara de Diputados conforme a sus facultades en el artículo 23 sobre Derechos Parlamentarios, señala cuales son las facultades de fiscalización de los diputados, tienen los instrumentos parlamentarios para fiscalizar a través de peticiones de informe escrito o de forma oral, no así como señalan que tienen la facultad de apersonarse a este proceso y quien podría es la comisión de justicia plural tanto de senado o diputados”.
La expresidenta Añez interpeló al juez Amaru
La expresidenta Jeanine Añez interpeló al juez Marco Antonio Amaru su desconocer la presidencia que ejerció, cuando el Tribunal Supremo de Justicia la reconoció al avalar el requerimiento acusatorio de la Fiscalía General del Estado que fue enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional en el caso Senkata.
“¿Está usted dispuesto a desconocer como expresidente reconocida por el Tribunal Supremo de Justicia que avaló el requerimiento acusatorio enviado por el fiscal al órgano Legislativo? Cuestionó la exmandataria en la audiencia virtual en la que el juez Amaru se declaró competente para juzgarla en la vía ordinaria.
La decisión del juez es a pesar de que el año pasado el Fiscal General del Estado (FGE) presentó al Tribunal Supremo de Justicia cuatro proposiciones acusatorias contra Añez, tribunal que remitió -después del control constitucional- a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Al presentar las proposiciones acusatorias, la FGE se acogió a la Ley 044 de Juzgamiento del presidente o vicepresidente y de otras altas autoridades judiciales, de esa manera planteó las cuatro acciones. El TSJ tampoco objetó las proposiciones y las envió al Legislativo. Añez sostiene que este es un reconocimiento implícito a su presidencia.
Para la exautoridad esto es solo una “función” que el ministro de Justicia, Iván Lima, junto al fiscal de turno decidieron que continúe “ante un juez sin competencia para juzgar a una exmandataria, desobedeciendo al fiscal General del Estado (Juan Lanchipa) que envió el requerimiento acusatorio para juzgarme ante un Tribunal Supremo de Justicia como corresponde a una expresidenta”.
Añez citó que durante su gestión como mandataria se emitieron ocho autos constitucionales, promulgó leyes junto a la entonces presidenta del Senado, Eva Copa (MAS), además del reconocimiento que recibió de los organismos internacionales.
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Hizo uso de la palabra en la audiencia en la que el juez Amaru se declaró competente para juzgarla por la vía ordinaria y no mediante un juicio de responsabilidades por el caso Senkata, pese a que esos hechos se produjeron cuando ella ejercía las funciones de mandataria en noviembre de 2019.
Insistió sobre la competencia del juez para juzgar a altas autoridades de Estado, por ejemplo, si se declararía competente para juzgar al expresidente Evo Morales por el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Terrorismo, en relación al Hotel Las Américas.
“¿Se declararía competente para juzgar a Evo Morales por los crímenes dictaminados por la CIDH? ¿O se dejará usar por el poder político que pretende contra todo principio ético, jurídico y procesal que usted se declare competente para juzgar a la expresidenta en contra del artículo 184 de la Constitución?”, cuestionó la exmandataria.
Mencionó el caso del Hotel Las Américas porque la CorteIDH estableció que en el gobierno de Evo Morales en 2009 se cometieron ejecuciones extrajudiciales, además de torturas a extranjeros a quienes se los acusó de terroristas y separatistas.
“Qué hará usted señor juez se declara competente para juzgar a un expresidente o se declarará incompetente porque no le corresponde juzgar a un exmandatario”, insistió.
La exautoridad detenida desde marzo de 2021 tildó de un “circo” la audiencia en la que se decidió la ruta de su enjuiciamiento porque el fiscal de turno y el ministro de Justicia, Iván Lima, decidieron que la “función” continúe, dijo que el director de dicho “show” es Evo Morales, a quien responsabiliza de su encierro.
“He sido traída a este circo en la jaula en la que me encerraron ilegal y abusivamente hace 682 días por un delito inexistente de terrorismo”.
Culpó al ministro Lima – a quien calificó de misógino, abusivo y traficante de la justicia” de digitar estos procesos “ilegales” y que tarde o temprano “será nulo de pleno derecho”. “¿Confía usted en un circunstancial ministro?”, preguntó.
ANF
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