Luego de la advertencia de paro de jueces en demanda de presupuesto, las autoridades llegaron a un acuerdo para modificar una ley de 1923 con el objetivo de inyectar recursos al Órgano Judicial.
La ley cuestionada establece la prescripción a favor del Estado de depósitos abandonados judiciales por el plazo de al menos tres años.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, manifestó que esa ley de 1923 es “obsoleta” y que, con su actualización, el Órgano Judicial tendrá recursos para aliviar su crisis.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, destacó que con esta iniciativa se “va a generar una inyección de recursos a favor del Órgano Judicial”, para que vaya resolviendo algunas necesidades apremiantes que tiene.
El acuerdo implica que la Asamblea trate este nuevo proyecto de ley con inmediatez. La intención es que la norma sea promulgada el 6 de agosto.
De parte del Legislativo, la senadora Kathia Quiroga ratificó el compromiso de cambiar “leyes obsoletas”. “Estoy segura que los próximos días vamos a poder estar tratándola y el compromiso es que el 6 de agosto pueda ser promulgado para que de esta manera se pueda dar un alivio”, agregó.
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