Los gobernadores del país fijaron el 31 de octubre como plazo para que el Gobierno atienda sus demandas vinculadas con la redistribución de recursos bajo el modelo 50/50 y el impacto del incremento del precio del diésel en las finanzas departamentales.
La determinación fue asumida este jueves durante una reunión de gobernadores realizada en Santa Cruz. Al término del encuentro, las autoridades aprobaron una declaración en la que se declararon en “estado de alerta” y exigieron al nivel central el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.
“Los gobernadores y gobernadoras de Bolivia nos declaramos en estado de alerta, exigimos a nivel central del Estado el cumplimiento de todos y cada uno de los puntos citados del presente documento hasta el 31 de octubre del 2026”, afirmó el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, al dar lectura a las conclusiones.
Uno de los principales planteamientos es que el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027 incorpore una redistribución tributaria que permita avanzar hacia el denominado modelo 50/50 para los gobiernos autónomos departamentales, sin reducir los recursos destinados a municipios y universidades públicas.
“Necesitamos que el 50-50 sea una realidad desde el 2027 como lo firmamos el 5 de agosto en la Casa de la Libertad en el departamento de Chuquisaca”, señaló Velasco.
Reclamo por el costo del diésel
Los gobernadores también reclamaron medidas para compensar el incremento del precio del diésel, debido a que los presupuestos departamentales para 2026 fueron elaborados considerando un costo de Bs 6,73 por litro.
Según las autoridades, el Decreto Supremo 5716 modificó posteriormente ese escenario al establecer un precio vinculado a parámetros internacionales, lo que generó un gasto adicional que no estaba contemplado en los presupuestos departamentales.
Por ello, demandaron mecanismos de compensación, modificaciones presupuestarias y garantías para la provisión de combustible destinado a servicios y competencias departamentales.
Velasco señaló que los gobiernos departamentales exigen “formalizar mediante instrumento normativo concertado con los gobiernos autónomos departamentales en apoyo anunciado a la readecuación de las finanzas de las entidades territoriales autónomas como fuente de financiamiento montos y plazos definidos”.
También plantearon al Ejecutivo la asignación de recursos extraordinarios para cubrir la diferencia generada por el incremento del precio del combustible.
“Disponer de las transferencias extraordinarias del Tesoro General de la Nación, que compense el diferencial del precio del diésel consumido para la prestación de los servicios y el ejercicio de las competencias departamentales, en particular, el mantenimiento de la red vial departamental, los servicios de salud, la operación de maquinaria y equipo”, establece el planteamiento leído por Velasco.
Las gobernaciones pidieron, además, autorización excepcional para realizar modificaciones presupuestarias entre partidas y fuentes de financiamiento con el objetivo de cubrir el mayor gasto en combustibles, sin que ese incremento sea contabilizado dentro de los límites establecidos para el funcionamiento de las gobernaciones.
Más demandas
La agenda departamental también contempla una norma que libere a las gobernaciones de la obligación de financiar la emisión de títulos de bachiller, otro de los gastos que las autoridades consideran que debe ser asumido por el nivel central.
La declaración fue suscrita durante la reunión por los gobernadores de Chuquisaca, Luis Ayllón; Tarija, María René Soruco; La Paz, Luis Revilla; Oruro, Jhonny Vedia; y Cochabamba, Leonardo Loza.
Con la declaratoria de alerta y el plazo fijado hasta el 31 de octubre, los gobernadores trasladaron al Ejecutivo la responsabilidad de responder a sus demandas antes de la elaboración definitiva del presupuesto de la gestión 2027.
La Razón
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