El Gobierno del presidente Luis Arce comienza esta semana con tres conflictos relacionados con la postergación del Censo Nacional de Población y Vivienda hasta mayo o junio de 2024; la apertura de un mercado paralelo de la coca en La Paz; y la disputa por tierras en el departamento de Santa Cruz.
Para el caso de la postergación del censo, en esta jornada se cumplirá un paro cívico de 24 horas en Santa Cruz. Esta movilización abrirá una pulseta entre el Gobierno y las autoridades e instituciones departamentales que exigen que el censo, que debía realizarse en noviembre de este año, no se postergue hasta 2024, sino que se lleve a cabo lo más antes posible en 2023.
El presidente Luis Arce, algunos de sus ministros y organizaciones sociales afines al MAS desataron una campaña en contra de esa movilización que fue convocada hace 10 días. Por ejemplo, el Jefe del Estado dijo que esa marcha tiene fines “desestabilizadores”.
Por su lado, los ministros de Obras Públicas y de Salud, Édgar Montaño y Jeyson Auza, respectivamente, anunciaron que habrá sanciones para las personas que echen tierra sobre la vía pública, para impedir el tránsito de motorizados, y que se descontará al personal de salud que acate el paro de 24 horas.
En tanto, organizaciones sociales afines al MAS expresaron su respaldo al Presidente, su rechazo al paro cruceño y su apoyo para que el censo se realice entre mayo y septiembre de 2024.
En respuesta, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, pidió a los cruceños a mostrar tolerancia para evitar enfrentamientos durante esta jornada de paro. Acotó que con esta medida se exige un censo transparente en el “tiempo más corto” del que el Gobierno señaló.
Durante las primeras horas de este lunes, en el inicio del paro de 24 horas, no se registraron incidentes en la ciudad de Santa Cruz, aunque sí se vieron en las calles a personas que apoyan el paro y otras que rechazan. Se reportaron bloqueos de vías en algunos puntos de la ciudad. Se prevé que los dirigentes cívicos harán evaluaciones durante la mitad de la jornada y otra cerca de las 18.00.
Respecto a la nueva fecha para el censo, Arce también tiene programada para este miércoles una reunión con los alcaldes de las nueve capitales de departamento más El Alto.
El otro conflicto que se tiene para esta semana tiene que ver con el rechazo de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz a la apertura de un mercado paralelo de la hoja, al margen del de Villa Fátima, en Villa el Carmen, al mando de Arnold Alanes, dirigente afín al MAS.
Los dirigentes de la Adepcoca convocaron a la movilización para la mañana de este lunes, mientras que el sector de Alanes se declaró en “estado de emergencia”.
La marcha, según dirigentes de la Adepcoca, se iniciará en la sede de esta organización, en Villa Fátima, en demanda del cierre del mercado paralelo y ante la falta de respuesta del Gobierno a su pedido.
Finalmente, otro conflicto que debe enfrentar el Gobierno es la disputa por tierras en la central campesina Pailita, en el departamento de Santa Cruz, donde el sábado cerca de dos centenares de interculturales, armados y encapuchados, atacaron a campesinos asentados en esa región y, según denuncias, tomaron como rehenes a cuatro personas.
Ayer domingo se informó que los dirigentes de los interculturales y de los campesinos sostendrán una reunión, este miércoles, en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para hallar una solución al conflicto de disputa de tierras.
Arce y las AFP
Si bien Arce y su gobierno debe enfrentar esos problemas, el expresidente Evo Morales dejó pendiente para el Mandatario una explicación sobre el tema de la nacionalización de las Administradores de Fondo de Pensiones (AFP).
Morales hizo ese anuncio luego de conocerse que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ordenó que Bolivia pague 105 millones de dólares al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), por la nacionalización inconclusa de la administradora de fondos de pensiones (AFP) BBBV Previsión.
Tras el fallo del Ciadi, políticos de oposición cuestionaron la nacionalización de empresas, debido a que, por ese proceso impulsado por Morales, el Estado Boliviano perdió litigios por más de 700 millones de dólares.
“No se puede entender que la derecha agarre ese tema para cuestionar la nacionalización usando el CIADI porque nos ha ganado esta demanda. Ahora, de las AFPs estaba a cargo del hermano Luis Arce, él conoce muy bien, es área económica, estos días seguramente va explicar ese tema perfectamente”, dijo en su programa dominical que emite a través de Radio Kausachun Coca (RKC), según reportes periodísticos.
Tomado de Brújula Digital
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