El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, reveló las principales características del proyecto de Ley de Inversiones, entre las cuales se establece un “candado” de dos tercios del Legislativo para decidir futuras nacionalizaciones o expropiaciones en el país.
Espinoza señaló que este primer pilar de la Ley de Inversiones restringirá la capacidad del Estado para llevar adelante nacionalizaciones o confiscaciones, porque requerirán decisión previa de la Asamblea.
«Eso es un candado brutal porque ahora un tipo (podrá nacionalizar), salvo que tenga dos tercios en la Asamblea ganados y esa Asamblea sea absolutamente obtusa de asumir un costo en el presente de la nacionalización, cosa que ningún político quiere hacer. A los políticos, les encanta asumir los beneficios y postergar los costos», manifestó en una presentación el viernes con la Cámara de Mujeres Empresarias.
Aclaró que no se puede eliminar el derecho de la nacionalización o expropiación, pero se plantea poner “un candado al político de turno” y hacer que pregunte al congreso.
«Porque hoy día estamos pagando el costo de las nacionalizaciones después de 20 años. Hace 20 años atrás nacionalizaron, recibieron todo el rédito político y el costo se transfirió 20 años adelante al gobierno siguiente», comentó.
Proteger el patrimonio
El segundo pilar del proyecto de Ley de Inversiones consiste en proteger el patrimonio del inversionista.
«Eso es fundamental tal, porque si voy a tener un congreso que me dé permiso para nacionalizar o para expropiar, vamos a tener que valorar los activos en toda su dimensión. No solamente se produce con ladrillo o con fierro, se produce también con ideas, se produce también con activos intangibles y esos también van a tener que entrar en el costo cuando se valora la inversión», explicó el ministro.
Asimismo, indicó que actualmente el tratamiento de la inversión privada en Bolivia es asimétrico, porque la Constitución establece priorizar la inversión privada nacional por sobre la extranjera. Sin embargo, ahora se prevé, respetando la Carta Magna, definir claramente en qué aspectos la inversión privada extranjera va a ser tratada de manera igual a la inversión privada nacional.
Arbitraje internacional
El tercer pilar tiene que ver con la resolución de disputas sobre inversiones mediante arbitraje internacional, debido a la restricción que impone la Constitución.
Espinoza señaló que es “falsa” la idea de que no se puede recurrir a tribunales internacionales, porque la Constitución “se refiere pura y explícitamente a los hidrocarburos”.
En ese sentido, afirmó que se abre de nueva la posibilidad de resolver disputas en el ámbito internacional para todo lo demás que no sean hidrocarburos.
Leyes estructurales
El Ministro explicó que el Gobierno propone enviar al Legislativo por lo menos tres leyes: Inversiones, Minería e Hidrocarburos, de las cuales ya se tiene borradores.
En el caso de la Ley de Hidrocarburos, indicó que se proyecta incluir los modelos de contratos. Justificó que, de esta manera, se evita la demora del tratamiento de contratos en la Asamblea y la discrecionalidad política.
Correo del Sur
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